Publicado: Miércoles 1/01/2014

Multa de 750 euros a un vecino por pegar 10 carteles reivindicativos en su barrio

La Policía Local ha procedido a sancionar con una multa de 750 euros a un miembro de la Asociación de Vecinos de Puente Santiago en Zaragoza por pegar con cinta adhesiva diez carteles informativos de tamaño folio en las calles de su barrio.

Multa de 750 euros a un vecino por pegar 10 carteles reivindicativos en su barrio Los carteles en cuestión informaban sobre la convocatoria a una manifestación autorizada del pasado 30 de octubre con el objetivo de reclamar la reposición del servicio de autobuses en la zona norte del Actur zaragozano, al quedarse desprovista de un transporte público adecuado por la supresión de las líneas de bus urbanas con la puesta en marcha de la línea 1 del tranvía, una actuación municipal por la que dicen sentirse estafados por el Ayuntamiento.

Desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) se considera la medida como un “ataque represivo” a la libertad de comunicación y un intento del Ayuntamiento de acallar las protestas vecinales, y señalan que “no se puede reprimir al movimiento ciudadano por este tipo de acciones que de ninguna manera afectan a la convivencia y al comportamiento de los ciudadanos en el espacio público de la ciudad”.

“La conclusión es que cualquier organización civil, vecinal o cultural no va a poder dar información a los ciudadanos porque será sancionado o incluso a nivel particular”, inciden.

Además, para la FABZ “resulta sospechoso que se pretenda sancionar a un miembro de una asociación de vecinos por la colocación de carteles de ámbito informativo, mientras que la ciudad está plagada de carteles comerciales de todo tipo”.

Por otro lado, las asociaciones de vecinos de Zaragoza denuncian que el Ayuntamiento jamás ha respondido a sus solicitudes respecto a la necesidad de disponer de espacios públicos informativos adecuados y suficientes para poder desarrollar una labor de difusión a la ciudadanía.

“Creemos que estos hechos atentan contra los derechos y libertades de los ciudadanos y que pretenden sancionar a los colectivos sociales. Son medidas desproporcionadas, injustas y abusivas y que parecen más bien obra de un Estado policial”, afirman.


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