Publicado: Miércoles 20/08/2014

El PP busca a contrarreloj cambiar a una ley electoral que le permita mantener el poder

Se aproxima septiembre y, con él, se acerca también una de las iniciativas más polémicas que Mariano Rajoy ya dejó perfilada en el último Comité Ejecutivo de julio: la de presentar en todos los Ayuntamientos una moción en defensa de la elección directa de alcaldes para que entre en vigor ya en las próximas elecciones municipales de 2015.

El PP busca a contrarreloj cambiar una ley electoral que le permita mantener el poderLa medida, calificada por la mayoría de los partidos de la oposición como pucherazo encubierto, supondría una reforma de la ley electoral para que el candidato más votado en cada municipio sea el que gobernara la alcaldía, impidiendo así los posibles pactos entre formaciones más pequeñas, algo muy habitual en los Ayuntamientos.

Esta propuesta, aún no del todo definida, pretende dar la alcaldía a la formación que superara el 40% de los votos, predominando la voluntad de esta minoría votada sobre el porcentaje superior del 60% de otras formaciones elegidas por los ciudadanos.

Otra posibilidad sería la de introducir la “segunda vuelta” entre los dos partidos más votados, es decir, unas segundas elecciones a las que solo concurrieran los dos partidos más votados, casi siempre PP y PSOE. Una fórmula que no gusta ni a Cospedal ni a Javier Arenas.

Según el PP, “la elección directa del alcalde se funda en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y de un reforzamiento del Ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos”. Sin embargo, las motivaciones del partido en el poder parecen ser muy diferentes.

Tal y como pusieron de manifiesto las pasadas Elecciones Europeas, el bipartidismo PP-PSOE ha empezado a tambalearse y los ciudadanos han derivado su voto a muchas formaciones de la oposición más pequeñas, algunas de ellas de nueva creación, como Podemos, que dio la sorpresa en esos comicios, u otras que no llegaron a superar la barrera electoral debido al criticado sistema de contabilidad actual (la Ley d’Hont), como el Partido X.

El voto mayoritario, muy repartido entre formaciones pequeñas principalmente de izquierdas, podría llevar a la generación de alianzas entres estos partidos para compartir el gobierno de las alcaldías, que dejarían de estar en manos del Partido Popular, algunas de ellas tan emblemáticas como Madrid o Valencia.

Con la imposición de esta reforma electoral, el PP no solo se aseguraría conservar la mayoría de las alcaldías que ya gobierna sino que se haría con otras muchas en las que en la actualidad gobiernan pactos entre formaciones menores.

Considerando que en las próximos comicios municipales los resultados fueran los mismos que en las pasadas europeas, según explica el diario El Mundo, el PP actualmente solo tendría asegurado el control de Ceuta y Melilla, mientras que con su reforma electoral se aseguraría 40 capitales de provincia, gobernando en nueve consistorios nuevos: Cuenca, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Pontevedra, Toledo y Zaragoza.

Una reforma antidemocrática impuesta sin consenso

Aunque desde el Partido Popular inicialmente se señaló que esta reforma electoral se llevaría a cabo mediante el diálogo con otros partidos, en especial el principal partido de la oposición, es decir, el PSOE, las afirmaciones de algunos dirigentes del PP, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, y el de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, dejan entrever que el Ejecutivo estaría dispuesto a seguir adelante sin alcanzar un acuerdo con los socialistas.

PNV y CIU podrían apoyar al PP en esta reforma, ya que también saldrían beneficiados de ella en muchas alcaldías. Por su parte, UPyD estaría de acuerdo en la elección directa del alcalde pero solo si se considerara una votación en segunda vuelta, algo que ya se encontraba en su programa electoral, , pero si el PP aprueba su reforma en solitario, para la portavoz del partido, Rosa Díez, se trataría de “un golpe de mano democrático, un atentado a la pluralidad y a las reglas del juego”.

Desde el PSOE, las opiniones sobre esta iniciativa son variopintas, ya que si bien podrían perder algunas alcaldías que pasarían a manos del PP, les permitiría conservar otras muchas que podrían acabar a cargo de otras alianzas de izquierdas, en especial si se llevara a cabo la segunda vuelta. De hecho, el coordinador del PSOE andaluz, Juan Pablo Durán, se ha pronunciado a favor del diálogo pero llevando el asunto de manera “sosegada, con el tiempo, y en cualquier caso, para las siguientes elecciones de 2019”. El secretario general de la formación, Pedro Sánchez, ha mostrado sin embargo su frontal rechazo a la reforma, asegurando en Twitter que “el PP solo busca una elección directa: la del PP”.

Más contundentes son otras formaciones, como Izquierda Unida, para la que la reforma electoral es “un auténtico golpe de Estado a la democracia municipal” si se lleva a cabo sin consenso, en palabras del diputado Ricardo Sixto.

También el coordinador general de IU en Madrid, Eddy Sánchez, ha anunciado que llevará mociones a todos los ayuntamientos madrileños en contra de esta reforma electoral, ya que se trata de “una manipulación política” mediante la cual “el PP opta por cambiar las reglas del juego desde la ingeniería legislativa para cercenar una vez más los derechos democráticos y la tendencia electoral hacia el cambio”.

Para los parlamentarios de Bildu Maribi Ugarteburu y Oskar Matute, si el PP aprueba esta ley, “ahondará en un estrechamiento de las libertades y de la propia democracia”.

También el portavoz de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha pronunciado al respecto, asegurando que es una legislación “radicalmente antidemocrática”, y que “pone en peligro la estabilidad de España”, además de tratarse de una ley que parece “ir contra Podemos”.


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