Publicado: Sábado 30/08/2014

La ley Wert se enfrenta esta semana en las aulas a un fuerte rechazo social

Con gran parte de la sociedad en contra y a pesar de todas las protestas ciudadanas desde el origen de la iniciativa, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, logró sacar adelante con el respaldo de su partido su reforma educativa, la polémica LOMCE, que se implanta ya esta próxima semana en las aulas con grandes dificultades, el rechazo de multitud de colectivos y un inicio del curso escolar que se aventura muy movido por intensas protestas de la Marea Verde.

La ley Wert se enfrenta esta semana en las aulas a un fuerte rechazo socialLa Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) comienza su andadura en las aulas españolas esta semana rodeada de polémica por la decisión de las comunidades autónomas de no renovar los libros de texto, la oferta de la enseñanza del castellano como lengua vehicular en Cataluña, el aviso de varias administraciones de “minimizar” el impacto de la ley o el anuncio de movilizaciones y huelgas por parte de estudiantes.

El miércoles 3 de septiembre los alumnos valencianos de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) serán los primeros en empezar las clases frente a los de la mayoría de las comunidades autónomas que lo harán la semana siguiente.

Las comunidades autónomas llevarán la reforma de Wert a los tribunales

Este curso entra en vigor el decreto que desarrolla la disposición adicional 38º de la LOMCE, sobre Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal, que establece que se pague una plaza privada a los alumnos que quieren estudiar en castellano en las comunidades con lengua cooficial y éstas no se lo garanticen.

El Ejecutivo catalán ha anunciado estos días que presentará ante el Gobierno central un requerimiento de incompetencia contra esta normativa que le obliga a pagar la escolarización en castellano y, si el Estado lo rechaza, pedirá un dictamen preceptivo al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cuyo aval es necesario para llevar el decreto ante el Tribunal Constitucional.

Nada más aprobarse la LOMCE, Cataluña junto con el PSOE y otras cuatro comunidades autónomas –Andalucía, Canarias, País Vasco y Asturias– recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional. Además, los gobiernos catalán y andaluz pidieron al Supremo la suspensión cautelar de la norma este curso, un requerimiento que el Alto Tribunal rechazó a finales del mes de julio en varios fallos.

Andalucía, Cataluña y País Vasco anunciaron el pasado junio que no podían cumplir con el calendario de aplicación de la LOMCE fijado por el Ministerio de Educación, alegando que no disponían de tiempo suficiente para desarrollar los currículos autonómicos. Además, el Gobierno andaluz y canario han insistido a lo largo del verano en que van a “minimizar todo los posible” el impacto de la ley.

Rebelión ante el cambio de libros de texto

La implantación este curso de la ley en 1º, 3º y 5º de Primaria lleva aparejada la elaboración de nuevos libros por las editoriales. La asignatura de Conocimiento del Medio, que se desdobla en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, implica, por ejemplo, dos libros distintos.

Valores Cívicos, la alternativa a Religión, supone un texto propio y, en el resto de materias, como Matemáticas, Lengua e Inglés, se incorporan unidades didácticas nuevas.

El cambio de libros ha provocado la reacción de las asociaciones de padres de alumnos, que han protestado de manera reiterada contra el “tremendo” y “antisocial” desembolso que esto supone para las familias españolas que atraviesan grandes dificultades económicas. La Confederación Estatal de Padres de Alumnos (CEAPA) calcula que el gasto en nuevos materiales puede ascender a los 200 millones de euros.

La mayoría de las comunidades autónomas no van a obligar a los centros educativos a cambiar los textos, pero son estos los que tienen la última palabra. El Ejecutivo de Castilla y León, por ejemplo, propone que los profesores elaboren las nuevas unidades didácticas para que los alumnos no tengan que comprar nuevos libros, mientras que la Junta de Andalucía directamente mantendrá los manuales antiguos.

Editores en pie de guerra

Desde el Ministerio de Educación reconocen que existe esta libertad en comunidades autónomas y centros escolares sobre los libros, pero advierten de que al final de cada etapa los alumnos tienen que someterse a una evaluación sobre los temarios del nuevo currículo.

“Varias comunidades han optado por una fórmula mágica: la ley se implantará, pero no se podrán cambiar los libros y se mantienen vigentes los anteriores currículos”, denuncian desde la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza (ANELE).

Asimismo, afirman que la “precipitada y caótica” implantación de la LOMCE, “sin tiempo material” para la publicación de los currículos de las comunidades autónomas, ha propiciado una “total incertidumbre en el mundo educativo, cuando no la abierta oposición de algunas autonomías”.

Esta organización alerta de que los editores han tenido que hacer “cuantiosas inversiones” para preparar los libros conforme a los currículos del Estado, “difícilmente compatibles con los hasta ahora vigentes”.

Movilizaciones y huelgas de la comunidad educativa

El Sindicato de Estudiantes a finales del curso pasado, ya anunció movilizaciones y huelga para los próximos el 21, 22 y 23 de octubre para la que han pedido el apoyo, como en ocasiones anteriores, a padres y profesores “contra la privatización de la enseñanza pública”.

La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, de la que forma parte esta organización estudiantil y asociaciones de padres y sindicatos de enseñanza, aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de secundar esta huelga, ni ha acordado de momento movilizaciones para el curso que ahora empieza. (Postdigital/Agencias)


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