Publicado: Miércoles 22/10/2014

La jueza desestima la denuncia de los periodistas agredidos el 29M por la Policía ignorando las pruebas presentadas

Menos de una semana después de la resolución judicial de absolver a los dos policías acusados de golpear a la fotoperiodista Susana Sanz durante las Marchas de la Dignidad del 22M, llega otra decisión judicial a favor de las fuerzas policiales, según la cual queda desestimada la denuncia de los periodistas agredidos tras la protesta de “Jaque a la Monarquía” del pasado 29 de marzo, cuyas imágenes recorrieron las redes sociales como la pólvora.



A pesar de los numerosos vídeos presentados como prueba, grabados tanto por los agredidos como por otros videorreporteros, en los que se aprecia claramente la violencia policial, la jueza María Isabel Garaizabal ha considerado que “los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpretación a persona alguna determinada”, es decir, los agentes no llevaban visible su número de placa, lo cual, aunque incumple la regulación, les exonera.

Tras la denuncia presentada por los periodistas Mario Munera, Juan Ramón Robles y Gabriel Pecot, el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid solicitó a la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP) que procediera a practicar las gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos investigados para identificar a los agentes que intervinieron en las lesiones denunciadas por los agredidos.

La respuesta a este requerimiento por parte del jefe de la UIP, según consta en el oficio remitido al juzgado, es que en dicha Unidad de Intervención Policial “no se tiene conocimiento ni hay constancia de que funcionarios adscritos a la misma hubiesen provocado lesiones durante la actuación realizada en el transcurso de la manifestación indicada”, aunque aporta un atestado policial de la detención del manifestante que los reporteros estaban grabando en el momento de ser agredidos, en la que constan los números de identificación de todos los agentes que en ella participaron.

Ni los vídeos ni los partes médicos ni el atestado con la lista de agentes que actuaron la noche de los hechos han servido para que la jueza admita a trámite la denuncia de los periodistas agredidos, llevando a cabo el sobreseimiento provisional de las actuaciones y generando con ello de nuevo en la sociedad el sentimiento de que existe total impunidad policial.

La decisión judicial “permite que los abusos policiales queden impunes”

La Comisión Legal Sol, que ya ha recurrido la decisión judicial ate la Audiencia Provincial, considera que hay una “falta absoluta de voluntad de investigar este tipo de hechos por parte de jueces y representantes del Ministerio Fiscal” que “no solo permite que los abusos policiales queden impunes, sino que perpetúa que se produzcan, provocando una absoluta y comprensible falta de confianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía”, según el comunicado emitido.

“Nuevamente nos encontramos ante la realidad de diferentes investigaciones judiciales que se llevan a cabo dependiendo de quiénes son las personas denunciadas, y sobre todo, si llevan o no uniforme de Policía”, denuncian desde Legal Sol, y recuerdan que España ya ha sido condenada en numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a la falta de investigación en las denuncias de malos tratos cuando el presunto agresor es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

“Debemos recordar que un Estado que no investiga y castiga las agresiones y coacciones a reporteros gráficos por parte de funcionarios de Policía no puede considerarse ni democrático ni de Derecho”, añaden.

Acoso a los profesionales de la información

Por su parte, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) lleva tiempo alertando de que cada vez son más las dificultades que los profesionales de los medios de comunicación están encontrando en nuestro país para desempeñar su trabajo durante las protestas ciudadanas, principalmente los periodistas “freelances” y los fotoperiodistas, como anunciaban en su informe del mes septiembre elaborado junto a la Red de Medios Comunitarios (ReMC).

Las redes sociales se han volcado en apoyar a los reporteros agredidos, difundiendo la campaña #TeMetoPeroNoMeConsta, para denunciar públicamente la impunidad policial y la falta de voluntad judicial para investigar las denuncias tanto de los periodistas como de los ciudadanos que sufren agresiones por parte de los agentes de Policía.

 

 


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