Publicado: Martes 3/02/2015

Camps vuelve a ser investigado por corrupción en la F1 valenciana

El expresidente de la Generalitat y diputado en Les Corts valencianas, Francisco Camps, ya juzgado en 2011 por su relación con la ‘trama Gürtel’ en el ‘caso de los trajes’, vuelve a estar en el punto de mira de los jueces valencianos por su implicación en el enorme despilfarro de dinero público que supuso el circuito urbano de la F1 en la ciudad de Valencia.

Camps vuelve a ser investigado por corrupción por la F1 valencianaEl Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite la querella de Fiscalía Anticorrupción contra Francisco Camps, por presunta malversación, prevaricación y delito societario en la compra de Valmor Sports por la cantidad simbólica de un euro en el marco de la Fórmula 1, asumiendo la deuda millonaria que la empresa arrastraba.

La querella, interpuesta en diciembre, se dirige también contra la exconsellera, ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar, aunque sitúa a Camps como cabecilla de la operación.

El fiscal del caso, Vicente Torres, centró su querella en Camps al entender que negoció “directamente” con el magnate de la F-1 Bernie Ecclestone los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; que fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; y quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.

El fiscal basa estas premisas, entre otros aspectos, en las declaraciones prestadas tanto por el expiloto Aspar como por la jefa de Protocolo del Circuito del Motor, quienes señalaron que la idea de celebrar el GP partió de Camps, que fue quien negoció todas las condiciones, incluidas las económicas.

Además, el ministerio público entiende que fue Camps quien dijo a Ecclestone, a través de una asesora, con quién debía contratar el 16 de mayo de 2007: Valmor Sports, de Jorge Martínez Aspar, de quien una testigo declaró que era “muy amigo” del expresidente y organizaba antes de los grandes premios cenas privadas con los patrocinadores en su Motor Home, a las que solían asistir tanto Camps como el expresidente de las Corts Juan Cotino.

El contrato entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor se celebró en marzo de 2008, y la primera mercantil “no pagó ni un euro”, en perjuicio de los fondos públicos. Para el fiscal, todos estos hechos, que incluyen una apariencia de contrato entre particulares cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento, constituyen un delito de prevaricación administrativa y malversación.

Tras el GP de 2008, al ver Valmor que no había obtenido el beneficio esperado, acudió a la Generalitat para volver a pedir ayuda económica. Ahí fue donde Camps “nuevamente” asumió el papel protagonista en el contrato entre esta firma y la Sociedad Proyectos Parques Temáticos (SPTCV), quien el 31 de julio de 2009 asumió a única obligación de pagar el canon anual de 26 millones de dólares “sin asumir ningún derecho”.

La firma del contrato por el director de SPTCV, Eusebio Monzó, no lo fue porque él quisiera sino porque lo ordenó el vicepresidente Gerardo Camps, que no fue quien negoció con Ecclestone, ya que esto también corrió a cargo del ex jefe del Consell. El expresidente, según el fiscal, había viajado diez días antes a Londres para garantizar al patrón de la F1 que el canon anual lo pagarían a través de la SPTCV. Para ello se modificó el contrato en agosto, eludiendo los controles de la administración.

En resumen, el fiscal subraya que fue la Generalitat “la que pagó el canon anual de 2009, 2010 y 2011, liberando a los socios de Valmor Sports de esta obligación por decisión personal de Francisco Camps”. Por último, en el contrato de 19 de julio de 2011, la Generalitat pasó a ocupar el papel lugar de avalista que tenía Bancaja, tras la negociación “directa” de Ecclestone con Camps, quien ordenó la firma “de manera urgente”, con lo que incumplió “de manera flagrante” toda la normativa en materia de avales. (Postdigital/Agencias)


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