Publicado: Sábado 21/02/2015

(Vídeo) Colectivos Sociales exigen a Fernández Díaz que cumpla su palabra y dimita, como prometió a Jordi Évole

“Lo que necesitamos los españoles es una ley de protección ciudadana, pero una ley de protección ciudadana contra ti”.

Así de claro lo deja José Palazón, el presidente de la ONG Prodein, al final del vídeo que la plataforma No Somos Delito ha editado como respuesta a las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el programa Salvados de La Sexta, donde afirmó que se retiraría si alguien podía señalarle alguna libertad o derecho que su Ley de Seguridad Ciudadana vulnerase.

“Yo he preguntado en sede parlamentaria, dígame una libertad o un derecho que este proyecto de ley recorte, porque estoy dispuesto a retirarme inmediatamente, hasta ahora nadie ha sido capaz de decirme nada”, afirmaba el ministro el pasado domingo 15 de febrero en el capítulo “Je Suis Jorge” de Jordi Évole.



Tomándolo como un reto, la plataforma No Somos Delito ha recogido las respuestas de una decena de colectivos sociales que vuelven a señalarle al ministro los muchos derechos fundamentales que la conocida como ‘ley Mordaza’ vulnera y exigen que el ministro cumpla su palabra y dimita.

“Se lo hemos dicho en la calle con manifestaciones en más de 25 ciudades, también desde fuera con concentraciones en embajadas, se lo han dicho desde el Congreso en el Pleno toda la oposición, se lo han dicho organismos internacionales como la ONU, se lo hemos dicho desde la oficina del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se lo han dicho los expertos abogados, fiscales, jueces, así que se lo podemos decir más alto pero no más claro: cumpla con su palabra y retírese”, exhorta Alba Villanueva desde No Somos Delito.

Con el hashtag #VáyaseSrFernández, el vídeo enumera, en boca de numerosos activistas, siete derechos fundamentales que la ‘ley Mordaza’ claramente vulnera:

Derecho 1: Libertad de expresión

Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, explica que los colectivos sociales están en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana “porque es nuestro derecho manifestarnos, utilizar la calle, manifestarnos en el entorno del Congreso de los Diputados, ir a las centrales nucleares a decir que son peligrosas o desplegar una pancarta de un edificio o en la calle”.

Derecho 2: Libertad de reunión pacífica

Mario Vallejo, en nombre del sindicato CGT de RTVE recuerda al ministro que el artículo 35 de la Ley de Seguridad Ciudadana sanciona con hasta 600.000 euros las protestas que causen algún perjuicio en el funcionamiento de RTVE: “algún perjuicio, así de ambiguo y aunque no se cause ningún daño”.

Carlos Macías, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, señala que la ley vulnera también el derecho constitucional a la vivienda, “ya que persigue, criminaliza y pretende sancionar las acciones de los movimientos por el derecho a la vivienda como la PAH acciones de autotutela de derecho ante la dejación de funciones del Estado.

Derecho 3: Derecho a huelga

“La Ley de Seguridad Ciudadana recorta el derecho de huelga: se penaliza la publicidad de la huelga y el reparto de panfletos y octavillas en los centros de trabajo que presten servicios básicos para la comunidad”, aporta Pepe Aranda de CGT Acción Sindical.

Derecho 4: Derecho de asilo

Mostrando un vídeo de devoluciones en caliente de extranjeros en la valla de Melilla, José Palazón explica que con la nueva ley, “estas imágenes, hechos absolutamente ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad, no hubieran podido estar ahora en un juzgado como hay no solo estas imágenes sino muchas más”. “Con tu ‘ley Mordaza’ quieres legalizar todo esto que es inmoral, podrás convertirlo en legal pero seguirá siendo inmoral y seguirá siendo una barbaridad”.

Derecho 5: Derecho de las persona migrantes

Isabel Lima, de la ONG SOS Racismo, indica los artículos 13 y 16 de la ley, relativos a la identidad y a la identificación de las personas migrantes, que vulneran los principios de igualdad de trato y de no discriminación: “el 13 porque permite la privación del documento de identidad de la ciudadanía extranjera, cosa que no hace con la española, y el 16 porque permite perpetuar las redadas racistas discriminatorias, vulnerando además el derecho a la libre circulación de las personas”.

Derecho 6: Derecho de información

Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Estephane Grueso, reportero gráfico que cubre las protestas de los movimientos sociales, acusa al ministro de mentir cuando este afirma que no existe represión en la difusión de imágenes que muestran la violencia policial. “Hay docenas de ejemplos documentados, tanto de periodistas como de ciudadanos”.

David Fernández, reportero del periódico Diagonal, afirma que la ‘ley Mordaza’ pone en peligro la libertad de información, ya que “supone sanciones importantes e incluso inasumibles para cualquier persona que pueda hacer una fotografía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Derecho 7: Acceso a la justicia

“Tu proyecto de ley, lo único que viene a significar es dotar de mayores potestades a la Policía y crear infracciones específicas para castigar a los movimientos sociales que han sido críticos con tu Gobierno”, expresa Carlos Castillo de Legal Sol, que añade que “esto vulnera todos los estándares internacionales de derecho de reunión y la recomendación número 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

Denuncia también que esta nueva ley prevé la creación de un registro de infractores, “lo cual significaría dotar de carta de naturaleza a los ficheros ideológicos de activistas”, que vulnerarían el artículo 16 de la Constitución respecto a la libertad ideológica y el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por otro lado, Lidia Posada, de la Asociación Libre de Abogados, explica el “entramado legislativo” creado por el Partido Popular “que incluye la Ley de Tasas, la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todas ellas destinadas a terminar con la última garantía constitucional que nos queda: la tutela judicial efectiva”.

“Jorge, que España no necesita esta Ley de Seguridad Ciudadana, ni se la merece ni la quiere, así lo han dicho 8 de cada 10 ciudadanos encuestados por Metroscopia, porque convierte a ciudadanos como yo en amenazas para la seguridad ciudadana”, concluye Patricia Martín, de Avaaz.


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