Publicado: Viernes 13/03/2015

El Gobierno elimina la palabra “imputado” por su “contaminación semántica”

La solución del Gobierno para reducir el número de imputados por corrupción hasta cero es radical: eliminar la palabra “imputado” del lenguaje jurídico y sustituirla por el término “investigado”, si el caso se halla en las primeras fases de instrucción, o “encausado”, según avance el procedimiento.

Asociaciones de jueces piden amparo a la ONU frente al ataque del PP a la independencia de la justiciaAsí lo ha decidido este viernes el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular al aprobar el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que responde, entre otros cambios, a la recomendación del Consejo de Estado sobre la conveniencia de cambiar los términos legales para evitar el “nivel de contaminación semántico muy alto” de la palabra “imputado”, según palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Según el Partido Popular, el término “investigado” es “mucho más coherente” y evita que se “marque” a la persona que está siendo objeto de una investigación judicial, protegiendo la presunción de inocencia.

Los partidos que hasta ahora se han comprometido a no llevar “imputados” en sus listas electorales tendrán que decidir si cambiar los textos de sus documentos para, a partir de ahora, no llevar tampoco “investigados” y/o “encausados” por delitos de corrupción.

La nueva ley introduce también la novedad de limitar la instrucción judicial a un plazo de 6 meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más complicados, ampliables a 36 meses si así lo consideran oportuno el juez instructor y el fiscal. De este modo, se pretende poner límite a los sumarios extensos que se eternizan en el tiempo, separando por piezas los macroprocesos para que se instruya una causa por cada delito. Según Catalá, esta medida “no está asociada con impunidad ni nada que se le parezca”.

Policías encubiertos en Internet

La reforma también introduce la figura del “policía encubierto”, que a partir de ahora podrá investigar en Internet con una identidad falsa, lo que viene a ser conocido entre los internautas como tener “una cuenta troll” en las redes sociales.

Sin embargo, el texto definitivo impide finalmente que el Ministerio de Interior pueda ordenar a las Fuerzas de Seguridad del Estado intervenir las comunicaciones sin una autorización judicial previa, algo que tanto Justicia como Interior reclamaban para llevar a cabo escuchas telefónicas o intercepción de correos personales sin pasar por el juez, como aparecía en el anteproyecto aprobado en diciembre, antes de recibir las duras críticas del Consejo General del Poder Judicial.

Además, la reforma fija que sean los tribunales superiores de Justicia locales los que revisen las apelaciones de las sentencias dictadas por las audiencias provinciales, y que, en vez de ser el Tribunal Supremo, sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se encargue de sus propias apelaciones.

Respuesta de las redes sociales a la decisión del Gobierno

La rocambolesca eliminación de la palabra “imputado” ha tenido una respuesta en las redes sociales, despertando el ingenio de los internautas, que ven en esta decisión motivo de burla.


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  1. […] su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entrará en vigor a principios de diciembre, el Partido Popular ya intentó introducir que los […]

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