Publicado: Martes 9/06/2015

El Gobierno penalizará también el uso de baterías para favorecer al oligopolio eléctrico

El Gobierno del Partido Popular continúa en su lucha contra el autoconsumo energético para favorecer a las grandes empresas eléctricas, desincentivando el uso de las energías renovables.

Jose_Manuel_SoriaSi el pasado viernes resurgía la polémica tras la introducción mediante Real Decreto del conocido como “impuesto al sol” en la reforma energética, ahora además se conoce que la nueva regulación también creará un gravamen por el uso de baterías de almacenamiento de los excedentes de electricidad para su uso doméstico posterior.

El nuevo cargo creado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo desincentivará el uso de estas baterías o usos de almacenamiento por parte de los autoconsumidores de electricidad que se conecten a la red, según consta en el borrador del Real Decreto.

Un impuesto que surge a raíz del nuevo producto lanzado por la compañía estadounidense Tesla, su batería Powerwall –presentada hace tan solo un mes en España–, diseñada para el sector casero y que permitiría, además de almacenar la energía autogenerada, acumular la energía de la red cuando es más barata y liberarla en las horas punta.

La nueva regulación no solo afecta a estas baterías de nueva generación sino también a las propias baterías que ya incluyen los paneles solares actuales, con una autonomía de unas dos horas.

Por otro lado, el excedente de energía que los autoconsumidores no almacenen para ahorrarse el impuesto, se revertirá a la red eléctrica de las grandes empresas del oligopolio pero, en este caso, los particulares no recibirán ninguna prestación económica por este “regalo” de energía a las empresas. Una retribución que si tendrán los consumidores conectados a alta tensión que realicen actividades empresariales.

Este Real Decreto es considerado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) como “una normativa diseñada específicamente para poner una barrera económica que desincentive a los ciudadanos a invertir en sistemas de ahorro energético basados en las energías renovables”, algo que “vulnera la Constitución española y dos directivas europeas”.


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