Publicado: Lunes 31/08/2015

Cifuentes podría cerrar Telemadrid para evitar la mayoría de Podemos y PSOE en el Consejo de Administración

El PP no se resigna a perder el control férreo que ha venido ostentando desde 1995 sobre la televisión pública madrileña y podría llegar incluso a cerrar Telemadrid en un futuro excusándose en su fracaso económico, el cual se precipitó durante la etapa de gobierno de Esperanza Aguirre en la comunidad.

Cristina Cifuentes - TelemadridLa actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha expresado en este sentido en declaraciones a Onda Cero, donde ha dicho que la aniquilación total de la televisión pública es una posibilidad: “No descarto que, si al final es deficitaria y cuesta mucho dinero a los madrileños, se pueda cerrar en un futuro”.

Los resultados de las pasadas elecciones autonómicas –aunque el PP haya vuelto a hacerse con la presidencia de la comunidad madrileña gracias al apoyo de Ciudadanos– quitaban por primera vez en décadas el poder al Partido Popular dentro de Telemadrid, donde el Consejo de Administración se compone en relación al número de parlamentarios de cada grupo político en la Asamblea de Madrid.

Según la actual Ley de Creación, Organización y Control Parlamentario del Ente Público de Radio Televisión Madrid, la composición del Consejo de Administración debería tener mayoría de izquierdas desde hace tiempo, con 3 consejeros propuestos por el PSOE y 2 de Podemos frente a los 3 del PP y 1 de Ciudadanos.

Bloqueo del cambio de consejeros

Sin embargo, el cambio de los miembros del Consejo no ha llegado a producirse debido a la paralización impuesta por Cristina Cifuentes, que tras llegar al poder se sacó de la manga un nuevo anteproyecto de ley para cambiar la gestión del ente público, que bloquea en realidad todo cambio hasta su aprobación, por lo que a día de hoy el Consejo de Administración sigue atendiendo a los resultados electorales de 2011, con la mayoría de los 5 consejeros del PP frente a los 3 del PSOE, y sin el único consejero de IU, que dimitió en julio.

Mientras Telemadrid sigue controlada artificialmente por el PP, Cristina Cifuentes va avanzando en su proyecto de ley, que ya va marcando claramente sus intenciones: perpetuar el poder de su partido sobre los medios de información públicos: el anteproyecto de Cifuentes propone la reducción del número de consejeros de 9 a 7, que atendiendo al sistema de reparto vuelve a perpetuar la mayoría de la derecha dentro del Consejo de Administración, con 3 para el PP, 1 para Ciudadanos, 2 para el PSOE y 1 para Podemos.

Además, el texto de Cifuentes plantea que tanto el director general como los consejeros se mantengan en el cargo durante seis años en vez de los cuatro (una legislatura) que se estipulan actualmente, para “blindar el cargo de los cambios de signo político que se produzcan”.

Para los partidos de la oposición, este anteproyecto de ley, abanderado por Cifuentes basándose en una supuesta “despolitización” del ente público, no es sino una excusa del PP para conservar en Telemadrid la mayoría absoluta de la anterior legislatura hasta que, al menos, tengan lugar las elecciones generales del próximo diciembre, mientras las críticas a la televisión pública por la “manipulación” de sus programas informativos no cesan y la llegada a un acuerdo sobre el nuevo texto de ley no parece cercana.

Ahora Cifuentes deja caer además un posible cierre de Telemadrid en el futuro, según ella porque “ahora”, para los madrileños, “financiar una televisión no tiene que ser una prioridad” y que “por delante” está la financiación de los servicios sociales, aunque durante décadas ha sido un coladero de dinero público que ha enriquecido a sus directivos, destruido la audiencia y la rentabilidad de la cadena, y servido de canal propagandístico del PP según denuncian los propios trabajadores de la cadena.

El cierre de Telemadrid en el futuro, tras las elecciones generales, si Cifuentes no logra imponer su nuevo anteproyecto de ley, podría resultar muy beneficioso para el Partido Popular, una vez perdido el control sobre el ente público.


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