Publicado: Martes 19/01/2016

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información denunciará en Europa las constantes detenciones a periodistas

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) va a denunciar ante las instituciones europeas las frecuentes detenciones y denuncias de las que vienen siendo objeto periodistas que informan de manifestaciones u otras acciones de protesta, como encierros o intentos de paralización de desahucios, a las que califica de “acoso intolerable”.

Una prolongada lista que la PDLI tiene documentada y cuyo último episodio es el juicio contra el fotoreportero Raúl Capín. El fiscal le pide dos años de cárcel por un presunto delito de atentado contra la autoridad cuando cubría las marchas de las “Mareas ciudadanas” contra los recortes en febrero de 2013.

Los hechos que se le imputan ocurrieron cuando Capín fotografiaba, junto con otros profesionales, la detención de una manifestante por policías de paisano. Tres meses después fue arrestado en su domicilio acusado de obstruir la actuación policial y agredir a una agente.

raul capin).

El periodista niega estos cargos y su abogado considera que no hay pruebas suficientes: “Capín es víctima de una “persecución” por retratar las acciones policiales en las manifestaciones”, ha declarado a eldiario.es.

La acusación se basa en un atestado policial que incluye un argumento con el que la PDLI discrepa profundamente:

“…si bien muchos de dichos periodistas se encuentran acreditados y prestan su labor al servicio de medios de comunicación ampliamente reconocidos, se ha detectado la presencia entre ellos de numeroso fotógrafos que, haciéndose pasar por periodistas, se dedican a fotografiar o grabar en video todas las actuaciones policiales que les son posible con el objeto de explotar propagandísticamente actuaciones supuestamente cuestionables llevadas a cabo por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, omitiendo deliberadamente imágenes en las que puedan apreciar las provocaciones de dichos manifestantes o las agresiones a la fuerza pública perpetradas por los mismos”.

La PDLI recuerda que la Constitución consagra, como un pilar básico de la democracia, el derecho de los ciudadanos a estar informados, pero esta función no se cede en exclusiva a los “medios de comunicación ampliamente reconocidos”. Por tanto, cualquier vía de información que permita el conocimiento de hechos veraces y públicamente relevantes merece ser objeto de protección.

Además, destaca que en los últimos años la sociedad se ha venido sirviendo de nuevos canales para estar informada gracias a las posibilidades de difusión que permiten actualmente las tecnologías, y ante la ausencia, en ocasiones, de cobertura por parte de los medios convencionales.

Por otro lado, la PDLI precisa que si, en algún momento, alguna persona u organismo considera que la información difundida no es completa ni veraz, el Estado de Derecho contempla vías para que se produzcan las rectificaciones oportunas, sin olvidar la posibilidad con que cuentan los protagonistas de estas informaciones de ofrecer, tanto a través de los medios como de canales propios, versiones alternativas.

Por tanto, ni la falta de vinculación a un medio de comunicación “ampliamente reconocido”, ni la discrepancia sobre el relato difundido, justifica una respuesta de esta envergadura sin que pueda considerarse como un intento de amedrantar a periodistas molestos para las instituciones y, por tanto, una vulneración del derecho a la información de la ciudadanía, a juicio de la PDLI.

Una impresión que se refuerza a la luz de las circunstancias que rodearon la detención y posterior denuncia de Raúl Capín, jurídicamente anómalas. Nuestra legislación contempla las detenciones “preventivas” solo en casos excepcionales y tasados (ausencia de domicilio conocido, riesgo de fuga, peligrosidad). Sin embargo, Capín no fue detenido cuando ocurrieron los hechos, sino tres meses después y por parte de policías encapuchados que acudieron a su casa llevándole esposado a comisaría donde permaneció veinticuatro horas.

Ante estos hechos, la PDLI llama la atención sobre el número de periodistas, tanto freelance como vinculados a medios de comunicación, que se dedican a la cobertura de protestas y que han sido objeto de detención, denuncia o violencia policial en los cuatro últimos años, según puede comprobarse en la “cronología de ataques a la libertad de información”, elaborada por la Plataforma.

La PDLI, que ha manifestado su apoyo a Raúl Capín y ha estado en contacto con su abogado, estará presente en la concentración convocada en las puertas de los Juzgados de lo Penal de Madrid.


Close
Síguenos para estar informado
Por culpa de la nueva ley de propiedad intelectual y el cierre de Google News, forzado por los grandes medios de AEDE, es mucho mas difícil encontrarnos en google, síguenos en Twitter y Facebook para estar al tanto de nuestras publicaciones. Gracias.

Twitter

Facebook

Google+

Búsqueda personalizada