Publicado: Miércoles 27/01/2016

España registra el peor dato de su historia en corrupción, según un informe de Transparencia Internacional

España ha registrado el peor dato de su historia en cuanto a la percepción de la corrupción en nuestro país, según el informe publicado por la ONG Transparencia Internacional (TI) respecto al año 2015, en el que destaca su preocupación por la evolución del país y le baja su posición respecto al año anterior.

SobornoJuezAsí, España se sitúa en el puesto 36 de un total de 168 países, con 58 puntos (donde el 100 es la limpieza máxima), colocándose entre Eslovenia y la República Checa, en una escala en la que Dinamarca aparece como el país más transparente del mundo, mientras que Corea del Norte y Somalia mantienen su posición como los más corruptos.

Según destaca TI, España se encuentra, junto a Libia, Australia, Brasil y Turquía, entre los países que han tenido un mayor descenso en sus posiciones en los últimos cuatro años. En el lado opuesto, Grecia, Senegal y el Reino Unido son los que han mostrado mejoras más sustanciales en ese periodo.

El Índice de Percepción de la Corrupción se elabora a partir de las opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público. Las puntuaciones de los países pueden ser positivas cuando existen mecanismos de gobierno abierto, a través de los cuales el público puede exigir que sus dirigentes rindan cuentas, mientras que una puntuación deficiente evidencia un contexto donde prevalece el soborno, los actos de corrupción quedan impunes y las instituciones públicas no dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Un “marcado deterioro”

La directora para Europa y Asia Central de TI, Anne Koch, considera “preocupante” el “marcado deterioro” en países como Hungría, Macedonia, España y Turquía. “Son lugares donde hubo en un momento esperanzas de un cambio positivo. Ahora vemos que crece la corrupción, mientras que se reducen el espacio de la sociedad civil y la democracia”, sostiene.

Por segundo año consecutivo Dinamarca, con 91 puntos, ocupa el primer lugar de la clasificación de los países más transparentes, seguida de Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá y Alemania, que comparte la décima posición con Luxemburgo y el Reino Unido.

A la cola, con 8 puntos y como los países más corruptos, se sitúan Somalia y Corea del Norte, precedidos por Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Angola, Libia, Irak y Venezuela, empatada con Guinea Bissau y Haití en el puesto 158 de la lista.

El índice de TI se realiza a partir de estudios comparativos de diversas instituciones y organizaciones que analizan la opinión del sector privado sobre la corrupción en el sector público.

Por municipios y comunidades autónomas

El informe de Transparencia Internacional, realizado en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública, refleja que el 74% de los ayuntamientos españoles no cumplen con la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP).

Para el presidente de TI España, Jesús Lizcano, es significativo que ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia incumplan este mandato legal (recogido en la ley de garantía de la unidad de mercado de 2013).

En el caso de los 110 mayores ayuntamientos de España, únicamente 29 cumplen la ley: Algeciras, Ávila, Avilés, Badalona, Barakaldo, Cornellà de Llobregat, Cuenca, Elche, Fuengirola, Gijón, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, Logroño, Lorca, Málaga, Manresa, Mataró, Oviedo, Pontevedra, Roquetas de Mar, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugas Vallés, Santa Coloma Gramenet, Soria, Talavera de la Reina, Tarragona y Teruel.

En cuanto a las 17 comunidades autónomas, solo tres (Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco) cumplen con dicha obligación. Tampoco el Congreso y el Senado actúan de manera legal en este punto.

Transparencia Internacional España insta por tanto a todas las instituciones públicas a cumplir en el “menor breve plazo posible” esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo las entidades públicas se encuentre centralizada y a disposición de todos, con el fin de aumentar la transparencia y prevenir la corrupción.


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