Publicado: Domingo 3/04/2016

El Congreso debate derogar la ley Mordaza y la cadena perpetua a iniciativa de la izquierda

El Congreso de los Diputados aborda esta semana el debate de dos proposiciones no de ley que reclaman la derogación de dos de los proyectos más polémicos aprobados por las Cortes en la pasada legislatura, la ley de Seguridad Ciudadana y la prisión permanente revisable que recoge el nuevo Código Penal.

Ambos textos se debatirán en las Comisiones de Interior y Justicia, respectivamente, que este martes echan a andar con una agenda cargada de iniciativas para su discusión y posterior votación por parte de los grupos, muchas de las cuales apuestan por suspender o derogar leyes impulsadas por el PP.

Garzon_IglesiasEl plato fuerte del día en la Comisión de Interior será la proposición no de ley sobre la derogación de la ley Mordaza, largamente criticada por la oposición la pasada legislatura, así como por multitud colectivos sociales organizaciones, incluida la ONU.

Hace apenas quince días, los partidos políticos que se comprometieron a derogarla cuando el Parlamento no tuviera una mayoría del PP -Podemos, IU, ERC, Bildu o Compromís- reafirmaron su promesa y emplazaron al PSOE a sumarse a ellos para lograrlo.

Los diputados abordarán dos proposiciones no de ley del Grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea relativas a la cesión gratuita de la antigua cárcel provincial de A Coruña y a la adjudicación de chalecos antibalas de dotación individual a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Igualmente, el PSOE expondrá dos iniciativas más sobre la suspensión del ascenso a comisario principal obtenido en la última convocatoria y sobre las responsabilidades del Gobierno por frenar determinadas investigaciones de corrupción.

Mientras que la sexta proposición no de ley, impulsada por el Grupo Mixto, se refiere a los incendios sufridos en Asturias en diciembre de 2015 y primeros días de enero de 2016.

Nueve meses después de su entrada en vigor, la prisión permanente revisable centrará la atención de la Comisión de Justicia que debatirá un texto de ERC en el que pide su inmediata derogación y que tiene serias opciones de salir adelante.

Así se desprende después de que todos los grupos de la oposición parlamentaria -PSOE, Convergencia, Unió, PNV, UPyD, Izquierda Plural y varias formaciones del Grupo Mixto- presentaran hace unos meses ante el Tribunal Constitucional un recurso contra lo que tildan de “cadena perpetua”.

Los diputados también encararán el debate de una proposición no de ley de Ciudadanos sobre medidas para solucionar los problemas que está generando el sistema informático Lexnet en la Administración de Justicia, así como de otro texto del PNV en el mismo sentido, toda vez que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha descartado cualquier moratoria en su aplicación.

Otro asunto será la iniciativa impulsada por el grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea que reclama la suspensión de la aplicación del polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece límites en la instrucción judicial de seis meses para causas sencillas y 18 para complejas.

Del mismo modo, las tasas judiciales entrarán en escena en el debate con la iniciativa del grupo parlamentario catalán Democràcia i Llibertat que solicita la exención de las cuantías para las pymes y las ONG, tal y como apoya Ciudadanos, PSOE y Podemos.

El PP también presentará sendas iniciativas sobre el estudio de una posible reforma normativa encaminada a la instrucción y enjuiciamiento conjunto de mayores y menores de edad, en determinadas circunstancias, y otra relativa al impulso de medidas que permitan un tratamiento específico y adaptado a sus necesidades para los menores de edad en todos los procesos judiciales.

Además, la Comisión debatirá un texto de los socialistas sobre la investigación del robo de recién nacidos, y otro sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico.

Por último, los diputados tratarán otro texto de Podemos relativo a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas y uno del Grupo Mixto sobre modificación del artículo 22.1 del Código Civil


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