Publicado: Martes 2/08/2016

La privatización de la sangre: Cruz Roja obtiene ya más de 20 millones de euros de la sangre que los madrileños donan gratis

A pesar de todas las movilizaciones de la Marea Blanca contra el proyecto privatizador de las donaciones de sangre impulsado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid del PP en 2013, el entonces consejero de Sanidad, el polémico y ya dimitido Javier Fernández-Lasquetty, logró salirse con la suya y hacer realidad el 1 de enero de 2014 el convenio por el que se desmantelaba el servicio público en las calles y se transfería a Cruz Roja: un negocio, el de la sangre, que ha resultado muy lucrativo para la entidad, que recibe 67 euros de dinero público por bolsa de sangre donada recogida.

La Marea Blanca inicia una campaña de desobediencia contra la privatización de la sangreDesde entonces, la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (Adecetma), que antes del acuerdo se encargaba de las campañas externas de la colecta, inició una batalla legal contra el convenio que ahora, dos años y medio después, busca llevar hasta el Tribunal Supremo.

Adecetma denuncia que el gasto total para las arcas públicas desde la firma del acuerdo es ya de 20 millones de euros, cuando antes del convenio el Centro de Transfusión público lo hacía sin gasto alguno. A la finalización del convenio, que tiene seis años de vigencia, la Cruz Roja podría llegar a percibir en torno a 52 millones de euros, según las estimaciones de la asociación, que incluye en el cálculo los” 8 millones de euros que la Cruz Roja recibe en material por parte de la Comunidad de Madrid”, que no está valorado en el documento oficial firmado.

Es más, para la asociación el convenio supone un paso atrás en la reorganización y unificación de la hemodonación que se inició con la creación del Centro de Transfusión en 1988, que se encargaba de abastecer a todos los centros públicos mientras que Cruz Roja, que quedó fuera de ese proceso, se encargaba del abastecimiento de solo los centros privados. Con el convenio del PP, todo el proceso de colecta, incluido el de la sangre destinada a la Sanidad Pública, recae en la Cruz Roja, que recibió incluso la cesión de todo el material público, unidades móviles y furgonetas, del Centro de Transfusiones para realizar el trabajo.

Cruz Roja no logra cumplir los objetivos

Por otro lado, Cruz Roja estaría incumpliendo el propio convenio, ya que no ha podido cubrir hasta ahora las previsiones establecidas: de las 60.500 bolsas previstas para 2014 solo obtuvo 52.463 (3,5 millones de euros a 67 euros por bolsa), en 2015 el compromiso era de 140.000 bolsas y solo entregó 117.072 (7,8 millones de euros). Tampoco ha entregado ninguna de las 1200 unidades de aféresis comprometidas ni han respetado, según Adecetma, el reparto de competencias sobre los puntos físicos de localización de los autobuses de la Cruz Roja, que han llegado a plantarse a las puertas de los hospitales públicos a pesar de ser zonas excluidas para la entidad privada. Estos incumplimientos del documento firmado, según el propio convenio, serían causas de escisión del contrato.

sangreAdecetma sostiene que el acuerdo fue “arbritrario, innecesario y gravoso para el colectivo de trabajadores y para las arcas públicas” y lo considera “un subterfugio destinado a financiar una entidad privada, como es Cruz Roja”. Por ello decidieron interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que finalmente fue rechazado el pasado 12 de abril, aduciendo que los trabajadores no tienen legitimidad para recurrirlo por no ser “parte interesada”.

“No queremos, a pesar de todo, bajar los brazos. No llevamos todo este tiempo defendiendo en la calle y en los tribunales la Sanidad Pública para rendirnos ahora por una sentencia judicial discutible y tramposa”, expresan desde la asociación los trabajadores públicos, que ahora intentan recurrir ante el Tribunal Supremo y “obligar a la Justicia a que se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo”.

Sin embargo, la Justicia no es gratuita y Adecetma informa de que el proceso de litigio les ha costado ya 30.000 euros que han salido de los propios bolsillos de los trabajadores, y que el recurso ante el Supremo aún requiere de unos gastos que les es muy difícil ya asumir, por lo que han puesto en marcha un proyecto de Crowdfundig con el fin de poder cubrir los gastos legales, incluidas “las tasas judiciales impuestas por el Gobierno”, y que hasta el momento ha recaudado casi el 40% del dinero necesario.


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