Publicado: Lunes 17/10/2016

El Gobierno del PP de Madrid carga contra Blablacar: sanciona a la plataforma online y a dos usuarios por primera vez en Europa

El Gobierno madrileño de Cristina Cifuentes ha decidido arremeter contra el servicio online de transporte compartido Blablacar imponiendo una sanción a la plataforma, que será la primera que reciba en todos sus años de existencia en los 22 países en los que está presente de Europa, Asia y Latinoamérica, y además también ha iniciado procedimientos sancionadores contra dos usuarios de la misma.

La Comunidad de Madrid ha multado a la compañía Comuto Iberia –nombre comercial de la plataforma– por no tener una supuesta “autorización” para ofrecer “un servicio de transporte público”, cuando la filosofía de la iniciativa no es ofrecer transporte público sino el de servir de mero intermediario entre personas que buscan compartir vehículo para abaratar los costes del viaje.

En concreto, se ha sancionado a la compañía por dos infracciones muy graves con una multa de 4.001 euros cada una por “facilitar en nombre CocheCompartido propio servicios de transporte público de viajeros sin ser previamente titular de una autorización”, y otra infracción leve de 801 euros por “ofertar servicios de transporte público de viajeros sin disponer del título habilitante”, interpretando con estas sanciones que la compañía ha vulnerado los artículos 140.2 y 141.7 de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, respectivamente.

Es más, el procedimiento sancionador no se dirige solo contra la compañía sino que dos de sus usuarios, conductores que ofertan plazas en sus vehículos, ya han recibido avisos de sanción de 4.000 euros cada uno por no disponer “de ningún título habilitante para ejercer dicho transporte” y que, tras presentar alegaciones, ambos procedimientos administrativos se encuentran en proceso de resolución, según informa Blablacar.

Se revive la polémica de hace dos años

Con este movimiento, la Comunidad de Madrid parece estar buscando una segunda vuelta de tuerca a la iniciativa del Gobierno de Rajoy de hace dos años, cuando en junio de 2014 se desató la polémica tras el anuncio de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de comenzar a sancionar a los usuarios de estas plataformas online por incurrir en una “infracción muy grave” con el pago de multas de entre 401 y 600 euros, y a las compañías con multas de entre 4.001 y 6.000 euros.

El escándalo y el fuerte rechazo social de aquel momento forzó al Gobierno a emitir un comunicado en el que desmentía que esta advertencia fuera contra Blablacar, en la que los usuarios no tienen ánimo de lucro, y afirmando que se trataba solo de actuar contra empresas como Uber, que ofertan una suerte de servicio de taxi irregular en ciudad, como respuesta a las quejas del colectivo de taxistas.

Sin embargo ahora, dos años después, la Comunidad de Madrid sí ha comenzado a llevar a cabo contra Blablacar las sanciones sobre las que advertía en su momento el Ministerio de Fomento.

Todas estas sanciones se han producido después de las inspecciones efectuadas por parte de la Comunidad de Madrid a la actividad de Comuto Iberia, que entregó este verano al Gobierno regional la documentación requerida.

El director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, ha comentado que van a seguir inspeccionando a otros conductores y ha advertido a la compañía de que “tendrá que cambiar su metodología si quiere funcionar en España”. “Hasta que España no cambie la ley, su manera de trabajar es ilegal”, ha asegurado.

BlaBlaCar afirma que cumple escrupulosamente la ley

 

En una nota de prensa, BlaBlaCar ha solicitado una reunión “urgente” a la Comunidad de Madrid para “aclarar” las sanciones impuestas a los dos usuarios de la plataforma, tras asegurar que “siempre” cumple “escrupulosamente” la ley “en todos los países en los que opera”.

La compañía ha señalado que es conocedora de la existencia del procedimiento administrativo abierto por la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid contra dos de sus usuarios el pasado mes de agosto. Sin embargo, ha comentado que “no ha recibido ninguna notificación de la incoación de ningún expediente en su contra”.

Asimismo, ha explicado que los usuarios “presentaron en su día las correspondientes alegaciones, cumpliendo con los plazos establecidos, manifestando que no utilizaron la red social de coche compartido para realizar servicios de transporte público de viajeros con ánimo de lucro”. De hecho, la compañía sostiene que los expedientes administrativos contra estas dos personas “siguen pendientes de resolución, por lo que no se ha impuesto ninguna sanción”.

Además, la empresa ha asegurado que la propia compañía comprobó que la actividad de los conductores “cumplía con las normas de la plataforma y, por extensión, con la legislación vigente”.

“Las aportaciones recibidas por los conductores a través de la plataforma no superaron nunca sus costes de desplazamiento, al ser inferiores a 14 céntimos de euro por kilómetro. Lejos, por ejemplo, de los 28,02 céntimos que establece el Observatorio del transporte y la logística en España (…) que ha fijado en diversas ocasiones la estructura de costes del transporte privado”, ha añadido BlaBlaCar.

BlaBlaCar ha recordado que lleva operando más de seis años en España, un tiempo en el que “ni la compañía ni ninguno de sus más de 3.000.000 de usuarios ha recibido sanción alguna, de la misma forma que tampoco la ha recibido en ninguno de los otros 21 países en los que está presente”. (Postdigital/Agencias)


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