Publicado: Lunes 24/10/2016

Bruselas ordena a Rajoy privatizar ya Bankia y BMN después de haber sido rescatados con miles de millones de dinero público

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han emitido un comunicado conjunto con el que exigen a España terminar de privatizar ya las últimas entidades bancarias que fueron rescatadas con miles de millones de euros de dinero público y que aún no han sido malvendidas: Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), una de las primeras medidas que tendrá que poner en marcha el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy en cuanto se culmine su polémico proceso de investidura para continuar por la senda de las reformas y recortes marcados desde Bruselas.

El comunicado de los dos organismos tiene lugar tras la inspección llevada a cabo los pasados 17,18 y 19 de octubre sobre los avances del programa firmado por España con las autoridades comunitarias para el proceso de reestructuración en el marco del rescate financiero de 2012, en el que los países del eurogrupo prestaron 41.000 millones de euros para salvar a la banca.

Con esta resolución, que insta a terminar la privatización de Bankia a finales de 2017 y la de BMN en marzo de 2018, la UE tumba la petición del El Gobierno comienza a re-privatizar Bankia con el asesoramiento de Goldman Sachs ministro de Economía aún en funciones, Luis De Guindos, de retrasar el proceso llevando a cabo primero una fusión de las dos entidades nacionalizadas para intentar recuperar algo del dinero público sacrificado en el rescate.

Y es que, aunque Rajoy juró en su momento que el rescate a las entidades bancarias no costaría ni un euro a la ciudadanía, tan solo a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), el Estado dio al sistema bancario español ayudas de más de 53.000 millones de euros, de los que a día de hoy solo se han recuperado poco más de 2.600 millones, menos del 5%, y no parece que se vaya a recuperar mucho más.

Tan solo en el caso de Bankia, el dinero público usado para el rescate solo en medidas de capitalización a través del FROB ha sido de 22.424 millones de euros, el doble de su patrimonio actual, pero la entidad ha llegado a recibir ayudas públicas de más de 147.000 millones de euros según la asociación ATTAC, que considera que Bankia debería estar funcionando desde hace tiempo como un banco público que presta un servicio a la ciudadanía. Sin embargo, la reprivatización de Bankia, nacionalizada en 2012, ya se inició en 2014 con la venta del 7,5% de las acciones de la entidad, dejando al Estado aún en posesión del 64,2% de esta, es decir, pública.

Según el informe de los técnicos europeos, “desde 2014 no ha habido progresos en la reprivatización de los dos bancos que quedan en manos del Estado” y “completar la reestructuración y privatización de estas entidades es importante para reforzar la estabilidad del sector bancario”.

Pero la privatización de los dos bancos salvados con dinero público no es la única medida que la UE impone ya a España, que señala que “la agenda de reformas estructurales debe reactivarse una vez que se haya constituido un Gobierno con plenos poderes legislativos, con el fin de seguir reequilibrando la economía, reducir el paro y aumentar la productividad y el potencial crecimiento de España”, lo que, según la trayectoria de las políticas impuestas por Bruselas, viene a decir que se ha de continuar por la senda de la austeridad y los recortes.

El informe, aunque afirma que “el ritmo de crecimiento económico ha superado de nuevo las expectativas” para España, avisa de la problemática del paro y la elevada deuda pública y privada de nuestro país, que hace que España siga siendo vulnerable a un cambio de tendencia en los mercados.

La UE y el BCE buscan asegurarse la devolución del préstamo de 41.000 millones, de los que hasta ahora tan solo se han devuelto 5.300 millones, apenas un 13%. El de este lunes es ya el sexto informe de los conocidos como “hombres de negro” desde enero de 2014 y sus inspecciones continuarán hasta que España haya devuelto el 75% de esa deuda, es decir, 35.700 millones de euros que el Ejecutivo de Rajoy tendrá que sacar de las arcas públicas. La próxima visita de los inspectores europeos está prevista para la primavera de 2017.


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