Publicado: Miércoles 2/11/2016

La tríada de PP, PSOE y C’s contra Unidos Podemos impide un referéndum sobre el polémico CETA

PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado apoyar este miércoles en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso una iniciativa de Unidos Podemos pactada con Esquerra (ERC) que pedía someter a referéndum la aprobación del Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá, el polémico CETA, conocido también como el “caballo de Troya del TTIP”, tratados ambos de libre comercio que han recibido la oposición generalizada de multitud de colectivos sociales, ONGs, partidos políticos y sindicatos a ambos del Atlántico y que han sido redactados de espaldas a la ciudadanía.

La iniciativa, una proposición no de ley presentada por Unidos Podemos a principios de octubre, contemplaba inicialmente solicitar al Gobierno que no autorizase esta firma, sin embargo, la UE y Canadá firmaron, con la connivencia del Gobierno español, el acuerdo el pasado domingo, después de que cediese finalmente el último bastión parlamentario de la UE en contra del CETA: la región belga de Valonia que impedía a Bélgica firmar el acuerdo, que había de ser rubricado por todos los estados miembros.

stop_ceta_ttip En su intervención en el debate, el portavoz de Asuntos Exteriores de Unidos Podemos, Pablo Bustunduy, ha denunciado que la firma de España se ha llevado a cabo por un Gobierno en funciones sin la autorización del Congreso, “algo especialmente grave porque el artículo 94 de la Constitución española dice que la prestación del consentimiento para obligarse por medio de tratados requiere la autorización previa de las Cortes Generales”.

Además, Unidos Podemos ha hecho hincapié en su rechazo a la aplicación provisional del tratado que entrará en vigor aunque su firma aún no haya sido ratificada por el Parlamento Europeo y por 38 parlamentos estatales y autonómicos, y ha exigido que España no ratifique finalmente el acuerdo.

Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardá, ha respaldado la iniciativa de UP con la incorporación de un nuevo punto que exigía un referéndum estatal para que la ciudadanía pudiera votar si quiere que España ratifique o no el CETA. La suma de votos de PP, PSOE y Ciudadanos ha tumbado la propuesta en su conjunto.

Cambios legislativos sin control democrático

Bustunduy ha explicado que el CETA no es un mero tratado comercial, ya que los tratados comerciales consisten en la eliminación de aranceles, pero el CETA incluye provisiones para la creación de órganos con capacidades legislativas que van a limitar la capacidad soberana de los poderes públicos para regular cuestiones fundamentales, que van a producir cambios legislativos sin que haya participación ni control democrático ninguno”, es decir, “tribunales especiales para las empresas multinacionales”.

“Se trata de que para cuando en este país haya un gobierno que quiera hacer cosas como elevar el salario mínimo interprofesional, hacer una reforma fiscal o desprivatizar algún servicio público esencial, según este tratado, esas medidas podrán ser catalogadas como obstáculos innecesarios al comercio, y nuestro gobierno democráticamente elegido podrá ser denunciado ante cortes y tribunales que estarán fuera de nuestro ordenamiento jurídico”, ha ejemplificado el portavoz de UP en referencia a los tribunales de arbitraje.

Bustunduy ha acusado al PP de dar un impulso decidido a estos acuerdos comerciales “que buscan blindar la economía de la deuda, desmantelar derechos laborales y sociales que llevaron décadas conseguir, privatizar derechos públicos y conceder facultades y derechos extraordinarios a los inversores y las empresas multinacionales”.

“No son tratados de libre comercio sino una operación sistemática para vaciar de contenido la soberanía popular y nuestras democracias mismas”, ha insistido el parlamentario, que ha tildado la firma del acuerdo de “golpe de sociedad” y ha calificado a la UE como una “jaula de hierro neoliberal”. “Luego se preguntan de dónde sale el euroescepticismo”, ha remachado.

En cuanto al PSOE, el diputado de Podemos ha calificado de “inexplicable” el apoyo socialista al tratado, al que se ha referido como “otro artículo 135”, cuando en parlamentos en los que se encuentran representados han votado en contra.

El PSOE no quiere obstaculizar

La respuesta de la socialista Soraya Rodríguez ha sido tajante: “Somos una fuerza internacionalista, no una izquierda localista y nacionalista”, ha dicho, instando a defender los derechos de los trabajadores en “un marco jurídico internacional” vinculante para las multinacionales.

A pesar de que no comparten ciertas cuestiones del tratado -como las listas negativas en los sectores privatizables, el régimen de incompatibilidades o la protección de inversiones-, Rodríguez ha defendido el acuerdo ante el desarrollo de Canadá. “Tenemos importantes preocupaciones al respecto, pero queremos trabajar para mejorarlo, no obstaculizarlo”, ha dicho.

En este sentido, ha defendido a que gracias al papel jugado por los ‘socialistas’ europeos, se han excluido de las posibles privatizaciones servicios como la educación o la distribución de agua, y que los tribunales que incluye el CETA no son privados, sino que garantizará, ha dicho, el derecho a regular por parte de todas las administraciones y el nombramiento de los jueces –uno por parte de la UE y otro por Canadá– en los litigios se hará “de manera clara y transparente”.

El PP cree que aumenta la “soberanía personal”

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han sido especialmente críticos con la postura de Podemos, rechazando que haya existido opacidad durante las negociaciones, ni que exista un déficit democrático en ellas.

“¿Cuál es la alternativa? ¿El proteccionismo, el aislamiento nacional?”, se ha preguntado el ‘popular’ Guillermo Mariscal, que ha defendido el sector exterior ha sido clave en la recuperación económica y que el tratado con Canadá “merece la pena”.
Para este diputado, el tratado no supone una disminución de la soberanía nacional, sino que aumenta “la soberanía de cada persona sobre sus propias acciones”. “Dudo que con sus argumentos hubiera estado usted a favor del ingreso a la Unión Europea”, ha concluido, dirigiéndose a Bustunduy.

Positivo para las empresas, según Ciudadanos

Por su parte, Fernando Maura, de Ciudadanos, ha cifrado en 500 millones de euros lo que supondrá la reducción de tasas y aranceles para las empresas españolas cada año, que tendrán acceso a un mercado en Canadá de 30.000 millones, según las estimaciones realizadas por su grupo parlamentario en la Eurocámara.

Maura ha justificado que Canadá “es el país que más se parece a Europa” y cree que el acuerdo establece el mantenimiento de los derechos laborales, sociales y medioambientales. El tratado, ha dicho, “será positivo para el empleo, la inversión y las empresas”, y ha acusado a Podemos de “cerrarse en los estrechos límites de las fronteras”. (Postdigital/Agencias)


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