Publicado: Martes 22/11/2016

Blablacar denuncia a España ante la UE por actuar ilegalmente para “obstaculizar” su actividad

La plataforma online para compartir coche Blablacar ha respondido a los ataques del Gobierno madrileño de Cristina Cifuentes presentando una denuncia contra el Estado español ante la Comisión Europea por las multas impuestas y los expedientes abiertos por la Comunidad de Madrid contra la empresa y dos de sus usuarios, la única vez en todos sus años de existencia en 22 países.

BlaBlaCar, que acusa al Gobierno de Cifuentes de obstaculizar su actividad, considera vulnerado su derecho a la libre prestación de servicios y su libertad de establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea, y solicita a la Comisión que adopte las medidas oportunas para evitar que la Comunidad de Madrid continúe con estas prácticas, y a su vez requiera al Estado español que clarifique la legislación aplicable a su actividad.

En la denuncia, presentada este lunes ante la Secretaría General de la Comisión Europea, se blablacar_ indica que las sanciones impulsadas por la Comunidad de Madrid contra BlaBlaCar y dos de sus usuarios son contrarias al derecho de la Unión Europea, en concreto a la Directiva sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico y a las libertades de establecimiento y de prestación de servicios protegidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Según el director general de Blablacar en España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, “las prácticas administrativas efectuadas por la Comunidad de Madrid vuelven a situar a España en una excepción incomprensible en Europa, obstaculizando una actividad que tiene más de 400.000 usuarios sólo en la propia Comunidad de Madrid”.

También ha recordado que España es el “único país” con este tipo de restricciones a la actividad que desarrolla BlaBlaCar y a la exigencia sobre los usuarios. Ha puntualizado que las restricciones son “contrarias a las recomendaciones que recientemente” hizo la CE sobre economía colaborativa.

El máximo responsable de BlaBlaCar ha informado de que tienen constancia de que algunos usuarios “han sido inspeccionados recientemente” en sus vehículos por agentes de la policía municipal e inspectores de la Comunidad de Madrid, en las inmediaciones de la estación de trenes de Atocha, en Madrid. BlaBlaCar ha advertido de que se trata de “casos aislados”, en donde se solicita identificación personal e interroga sobre la actividad.

El director general de BlaBlaCar ha confirmado que van a defender “también” los derechos de los usuarios. De hecho, y según ha precisado, a los dos usuarios ya sancionados les han “acompañado desde el inicio del proceso” y ha apuntado que así lo van a hacer hasta el final del mismo.

La CE debe nombrar ahora a un instructor, quien a su vez solicitará a las partes información relativa a los expedientes abiertos y la actividad que desarrolla BlaBlaCar en España. La emisión de un dictamen de respuesta a la denuncia “suele tardar” entre 6 y 18 meses, según BlaBlaCar, que a su vez se reserva la posibilidad de abrir un posterior proceso judicial.

Rodríguez de Santiago-Concha ha asegurado que la actividad que realiza su compañía no se va a ver afectada por las tres sanciones administrativas, por valor de 8.800 euros, contra su matriz Comuto, ni por las multas a dos usuarios con fecha 21 de octubre, por un importe total de 4.001 euros. Estos tres expedientes abiertos contra Comuto serán recurridos por BlaBlaCar “dentro de los plazos oportunos”.

En cuanto a la denuncia en Bruselas, la empresa argumenta que se están llevando a cabo “un conjunto de prácticas administrativas contrarias al derecho europeo y a las libertades de prestación de servicios previstas en el tratado de la UE”.

El director general de la compañía en España ha opinado que la Comunidad de Madrid “ejerce una obstaculización” de su actividad y la de los usuarios. Por ello, ha solicitado a la UE que “tome medidas oportunas” para que la Comunidad de Madrid “deje de poner obstáculos” e inste a que se “aplique la legalidad” sobre esta actividad. (Postdigital/Agencias)


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