Publicado: Lunes 12/12/2016

Rajoy rescatará con dinero público las autopistas de peaje en quiebra con un coste de 5.500 millones de euros para los contribuyentes

Después del rescate de la banca llega el rescate con dinero público de las ocho autopistas de peaje en quiebra, es decir, de las grandes empresas constructoras y los bancos que están detrás de las sociedades concesionarias que gestionan estas vías fracasadas, todas ellas proyectadas por el exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos en la era Aznar del Gobierno del PP, con un coste para los contribuyentes que podría alcanzar los 5.500 millones de euros.

Según ha asegurado el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, el Estado se quedará finalmente con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, retomando así el plan de rescate del equipo de la previa ministra de Fomento, Ana Pastor, a comienzos de 2014, y que no prosperó por el rechazo de los bancos acreedores, que no aceptaban la quita del 50% de la deuda de 3.400 millones que planteaba el Gobierno de Mariano Rajoy, titulizando el resto del pasivo en un bono a autopista_peaje treinta años.

De la Serna afirma que está ya “intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda”. El ministro se refiere así al hecho de que los bancos han vendido gran parte de la deuda de las autopistas a los denominados ‘fondos buitre’.

“Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas”, indica el ministro, quien expone que el principal objetivo del rescate es que las infraestructuras “sigan operativas y los ciudadanos puedan seguir utilizándolas”.

Sin embargo, la realidad es que el Estado está obligado a reparar o responder por el daño según la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA), que resulta del todo ventajosa para las sociedades gestoras de las autopistas, formadas por constructoras, bancos y operadoras de infraestructuras.

Las empresas concesionarias de las autopistas, creadas para tal fin y controladas por la constructora, solicitan a la misma constructora que construya la autovía y le paga por la obra a través de un préstamo que pide a los bancos. En el caso de quiebra posterior, la constructora ya ha cobrado por la obra y, según la RPA, el Estado debe hacerse cargo de la deuda, quedando los bancos protegidos.

El principal motivo de la quiebra de estas ocho autopistas se encuentra en el sobredimensionamiento en proyecto del tráfico previsto para estas vías, además de los sobrecostes en las obras, los sobrecostes en la expropiación de los terrenos sobre los que se construyeron las vías la pasada década y el desplome de sus tráficos durante la crisis.

Las ocho autopistas en quiebra son la R-2 entre Madrid y la A-2 (tras cuya concesionaria están Abertis, Acciona, Global Vía y Sacyr), la R-3 entre Madrid y Arganda del Rey (Abertir, Global Vía y Sacyr), la R-4 entre Madrid y Ocaña (Cintra-Ferrovial, Itínere, CajAstur), la R-5 entre Madrid y Navalcarnero (Abertis, Global Vía y Sacyr), la AP-41 Madrid-Toledo (Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi y Banco Espírito Santo), la AP-36 Ocaña-La Roda (Cintra-Ferrovial, Itínere, Budimex-Ferrovial y Kutxabank), la AP-7 entre Cartagena y Vera (Ploder y FCC) y la M-12 Eje Aeropuerto entre Madrid y Barajas (OHL).

Reconociendo De la Serna que Fomento tendrá que quedarse con las autopistas, en el caso de dos de las vías radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, el Ministerio deberá asumirlas antes de julio de 2017, según el acuerdo que alcanzó con el juez que el pasado mes de mayo dictó liquidación “sin efectos suspensivos” de las autopistas.

No obstante, en la actualidad, los jueces han abierto una moratoria de seis meses, antes de abordar nuevos procesos de liquidación en otras vías, con el fin de dar margen a la negociación. También pretende dar tiempo a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos que Fomento elevó contra los primeros autos de liquidación.

Aunque las autopistas soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, según los cálculos de la patronal de grandes constructoras, Seopan, el coste final para los bolsillos de los contribuyentes podría elevarse hasta los 5.500 millones de euros.


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