Publicado: Viernes 16/12/2016

La nueva ‘Ley Mordaza’ de Cifuentes, “mucho peor” que la de Rajoy: Una “aberración jurídica” que multa con 45.000 euros los mensajes en Twitter

“Una aberración jurídica” es como califica la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) a la nueva ‘ley Mordaza’ de Cristina Cifuentes para la Comunidad de Madrid, según la cual se podrán imponer multas de hasta 45.000 euros por mensajes en las redes sociales que la Administración regional considere como insultos.

Se trata del Proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, que fue aprobado este martes por el Ejecutivo autonómico del PP para ser tramitado en la Asamblea de Madrid.

“Mucho peor” que la ‘ley Mordaza’ de Mariano Rajoy para el Estado, según la PDLI, que considera “gravísimo que un gobierno traslade al ámbito administrativo lo que es materia de derecho penal”, con la que Cifuentes “pretende sancionar por vía administrativaleymordaza problemas que  ya están regulados en el artículo 510 del Código Penal”, según el director legal de la organización, Carlos Sánchez Almeida.

Intentan controlar Internet por la mía administrativa

La PDLI alerta de que no se trata de un intento novedoso: “Desde la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), llevan casi dos décadas intentando controlar Internet por vía administrativa, pero este es con diferencia el más chusco de sus intentos, ya que presenta como punto débil que se trata de una normativa autonómica, que invade competencias estatales y de otras autonomías “bajo el manto de la supuesta protección a víctimas de posibles abusos”.

De hecho, la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en su informe preceptivo del proyecto, avisa de la falta de competencia, entre otras objeciones.

“Esto es una Ley Mordaza, pero peor, porque abarca más y encima ni siquiera lo aprueban las Cortes por mayoría absoluta sino una simple Comunidad autónoma, saltándose la Constitución flagrantemente hasta en el reparto constitucional de competencias”, argumenta Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil.

Además, advierte que la aplicación de esta ley, en caso de ser aprobada, presenta problemas no menos serios, como la vulneración de la normativa sobre privacidad: “¿Cómo se podría saber quién está detrás de perfiles anónimos en RRSS si no es usando ilegalmente a la policía o hackeando o con otro tipo de rastreo sin control judicial?”, se pregunta. “O es un brindis al sol o es una barbaridad insigne”, concluye.

Además, la plataforma denuncia que la norma propuesta es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión, así como la jurisprudencia de desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Investigaciones prospectivas: salir a buscar aleatoriamente conductas penales

La PDLI también critica la redacción imprecisa del proyecto al plantear un “Observatorio” que vigile el cumplimiento de la nueva ley, que da pie a investigaciones prospectivas o preventivas y al incremento de las sanciones si la infracción es contra los agentes de la autoridad.

“Es una norma preventiva que permite a las autoridades policiales irrumpir prospectivamente en las redes sociales, con el fin de salir a buscar conductas sancionables administrativa y penalmente”, alerta la abogada Isabel Elbal, que incide en que las investigaciones prospectivas están absolutamente prohibidas en todos los ordenamientos jurídicos democráticos: “Es tanto como poner un policía que siga a cada ciudadano por si comete un delito a lo largo del día, diríamos que se estaría vulnerando nuestra libertad, en todos los sentidos”.

El PSOE plantea una alternativa normativa igual de preocupante

La PDLI también manifiesta su oposición al texto que pretende sacar adelante el PSOE, que considera que coincide con el del PP en los aspectos más preocupantes de la norma de Cifuentes.

La plataforma expresa su preocupación compartida con los colectivos vulnerables sobre la necesidad de mejorar su protección frente a delitos de discurso de odio, pero entiende que “la solución no depende de aprobar normas que vulneren otros derechos fundamentales, sino, al contrario, de mejorar las actuales haciéndolas más precisas y de dotar de medios a la Justicia para que las resoluciones se produzcan en el menor plazo posible”.

Las 12 claves del proyecto de Ley

Según la PDLI y los juristas consultados por la plataforma, estas serían las principales amenazas del proyecto de Ley del gobierno madrileño:

1. Se pretende regular la libertad de expresión por vía administrativa y sin control judicial.

2. Se traslada al ámbito administrativo lo que está ya regulado en el Código Penal, pero sin las garantías del mismo. El proyecto también es redundante, no solo en lo que tiene que ver con redes sociales, sino también en lo relativo a medios de comunicación, regulación publicitaria o prácticas comerciales.

3. Se produciría una flagrante infracción del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pues solo el primero puede legislar en materia de libertades fundamentales. Además, saltándose las mayorías reforzadas de ley orgánica. Ambos aspectos son criticados por la propia la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en su informe preceptivo del proyecto, entre otras objeciones.

4. El proyecto contraviene el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia de desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al no cumplir con los requisitos de necesidad y seguridad jurídica que deben darse cuando se limita la libertad de expresión.

5. La ley permitiría las investigaciones prospectivas, es decir, “salir de pesca” a buscar aleatoriamente conductas penales, algo absolutamente prohibido en todos los ordenamientos jurídicos democráticos.

6. Se disfraza dentro de una ley de protección a las víctimas y prevención de delitos, pero ocultando que una administración, ni estatal, ni menos aún autonómica, no puede decidir qué es discurso de odio y qué es insulto, cuya valoración corresponde a un juez.

7. Las víctimas, que son el pretexto, no resultan beneficiadas por las multas porque las indemnizaciones no se pueden exigir ni imponer al infractor en vía administrativa.

8. La cuantía de las multas, hasta 45.000 euros, es desproporcionada.

9. En caso de que la ley llegase a aprobarse, el único que la podría recurrir, con posibilidad de suspensión, es el Gobierno estatal.

10. Para aplicar la ley habría que vulnerar otras leyes sobre privacidad para conocer la identidad del infractor.

11. La competencia territorial es imposible: ¿Cómo determinar qué es lo que sucede en Madrid, cuando estamos en redes sociales?

12. Un problema adicional son las notificaciones de expedientes sancionadores. ¿Cómo y a quien se va a notificar, cuando las redes sociales son anónimas?


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