Publicado: Martes 20/12/2016

PP, PSOE y Ciudadanos votan juntos para seguir protegiendo a los torturadores franquistas al impedir la modificación de la Ley de Amnistía

PP, PSOE y Ciudadanos han votado juntos este martes en la Comisión de Justicia del Congreso en contra de una proposición no de ley para modificar la Ley de Amnistía de 1977 cuyo objetivo es que los torturadores del franquismo queden fuera de la protección de esta norma y puedan ser juzgados.

En concreto, se votaba no derogar la ley sino tan solo añadir un artículo al texto legal en el que se establezca que esta ley “no será de aplicación a las torturas o desapariciones forzadas, ni a los crímenes de genocidio o lesa humanidad” como los cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, pero la propuesta ha sido rechazada con 16 votos en contra, 10 a favor y una abstención.

La propuesta de Unidos Podemos, presentada por la formación En Comú Podem, defiende que si bien en los años posteriores a la muerte del impunidad-franquista dictador Francisco Franco la Ley de Amnistía se redactó como una herramienta “útil” para apuntalar la reciente democracia, “hoy en día ha pasado a ser un instrumento contrario a los Derechos Humanos”.

Critica también que con el paso del tiempo esta norma haya sido “perversamente utilizada” para omitir cualquier investigación sobre los graves delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura, “sirviendo como auténtica ley de punto final” y como “escudo de impunidad para los responsables de las torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de los Derechos Humanos”.

De hecho, ya en 2009 el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España a considerar la derogación de la Ley de Amnistía ya que los delitos de lesa humanidad son “imprescriptibles” y los Estados tienen la obligación de legislar para impedir las violaciones de los derechos humanos, investigarlas de forma eficaz, rápida, completa e imparcial, así como dar a las víctimas un acceso equitativo y efectivo a la justicia y a proporcionarles reparación, cosa que impide la actual Ley de Amnistía española, y que ha provocado la búsqueda de justicia en otros países como Argentina.

En su exposición, el diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos ha expuesto que las leyes tienen que adecuarse a la realidad social del momento y que la ley de 1977 ya no tiene sentido que siga vigente y hay que adaptarla al contexto de 40 años después, que se adecue a la normativa internacional de Derechos Humanos, y que los familiares y víctimas del franquismo puedan tener por parte del Estado la intervención de la justicia no como un elemento histórico y de memoria sino de concreción de derechos para la reparación.

El rechazo del PP a la propuesta, que su portavoz, Eduardo Fernández, ha calificado de “baja calidad democrática”, se ha basado en alegar que el Congreso ya ha rechazado en dos ocasiones anteriores derogar o modificar la ley y afirmando que “una cosa es conocer la verdad de lo que sucedió y otra exigir responsabilidades penales” y que eso sería contrario a la Constitución.

Según el portavoz de Ciudadanos, José Ignacio Prendes, la formación naranja no quiere “revisar el pasado”, ya que se sienten “orgullosos de las personas de un lado y de otro que superaron esa división” y no se muestran “dispuestos a reabrir heridas”.

En cuanto al PSOE, el diputado Artemi Rallo se ha limitado a alabar la Ley de Memoria de Histórica aprobada en 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a criticar al PP por no implementarla y desarrollarla, y se ha excusado en que aunque esta ley fuera derogada no sería posible juzgar como crímenes de lesa humanidad los cometidos durante el franquismo.

La propuesta de Unidos Podemos para que puedan ser juzgados los crímenes y torturas del franquismo ha quedado así rechazada.


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