Publicado: Jueves 2/02/2017

La ILP para la renta mínima sale adelante con el apoyo de todos los grupos del Congreso a excepción de PP y Ciudadanos

Todos los partidos políticos excepto PP y Ciudadanos han apoyado este jueves en el Pleno del Congreso una proposición de ley para establecer una renta mínima que “rescate a las personas” que no tienen empleo ni recursos y que busquen trabajo, al coincidir en que se trata de “justicia social”.

La proposición de ley procede de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de los sindicatos UGT y CCOO, que ha sido respaldada por más de 700.00 firmas, y que ha sido defendida en el Congreso por los secretarios generales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, mientras el Gobierno se ha ausentado.

El respaldo mayoritario de la Cámara da luz verde a la tramitación de la proposición para convertirse en ley en la comisión de Economía pero, aunque el Gobierno no ha ejercido su derecho a veto amparándose otra vez en los Pobreza-Desempleo-2 Presupuestos, sí podría buscar su empantanamiento retardando su puesta en marcha hasta la llegada de los próximos Presupuestos.

“Justicia Social”

El portavoz de Empleo del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha defendido la iniciativa que persigue una renta de unos 426 euros mensuales durante el tiempo en que una persona sin recursos no tenga empleo y que esté vinculada a la formación o búsqueda de trabajo.

“Es por justicia social, por eficacia en términos económicos porque supondrá una inyección directa al consumo, y por estabilidad democrática, para luchar contra la desigualdad”, ha aseverado Simancas, quien ha destacado que es una obligación política y moral de un Estado luchar contra la pobreza y “no dejar en la cuneta” a miles de ciudadanos que no tienen recursos.

En este sentido, ha recordado que hay 1,4 millones de familias con todos sus miembros activos en paro, 700.000 familias sin ingresos, seis millones de trabajadores pobres con sueldos inferiores al SMI, tres millones de personas bajo el umbral de la pobreza, 3,5 millones en pobreza severa y dos millones de niños pobres.

Simancas también ha avanzado que el PSOE instará a aumentar las prestaciones por hijo a cargo, complemento de esta renta mínima, durante la tramitación parlamentaria y ha criticado que el PP y Ciudadanos argumenten su elevado coste (12.000 millones de euros anuales según los sindicatos) cuando el rescate a la banca ha representado 40.000 millones de euros.

La diputada del PP Susana López ha dicho que votan en contra porque “no existe margen de maniobra” para financiarla y ha señalado que según algunos expertos los potenciales beneficiarios podrían llegar hasta los 8 millones de personas y suponer un coste hasta 50.000 millones de euros.

Además de oponerse excusándose en el coste, también se ha escudado en el miedo a un supuesto aumento de la inmigración: “El texto no deja claro los requisitos y además podría producir un efecto llamada de los ciudadanos de estados miembros donde no existe esta prestación”, ha expuesto López.

PP y PSOE “se pondrán de acuerdo” para obstruir la ley

Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el diputado Segundo González ha agradecido a los sindicatos traer una Ley al Congreso para “rescatar a personas y no para rescatar a bancos”, ha acusado al PP de romper España y ha pedido ampliar la renta mínima de 426 euros (una cuantía que no permite salir del umbral de la pobreza) y ha considerado que debe subir al entorno de los 660 euros, que es la recomendación de la UE y “no es pedir la luna”.

Aunque González ha defendido que la iniciativa va en la “dirección adecuada”, ha criticado los “planes” del PP y el PSOE para obstruir la aplicación de la ley, ya que “parece que se pondrá de acuerdo para no aplicar la medida hasta que no haya Presupuestos”.

González también ha reprobado a las formaciones mayoritarias que no se pusiesen “tan quisquillosos” con el coste de 60.000 millones del rescate bancario o los 5.000 del rescate a las radiales, y ha criticado el rechazo de PP y Ciudadanos a la iniciativa cuando el patrimonio de las 200 personas más ricas ha crecido en 60.000 millones en los dos últimos años y las grandes empresas pagan menos impuestos que el resto, mientras hay 720.000 hogares que “hicieron sus deberes y ahora la Administración les ha dejado en la estacada”.

La renta mínima ya existe en Euskadi

El diputado del PNV Íñigo Barandiaran también ha apoyado la tramitación de esta ley porque es un elemento esencial para ayudar a la desaparición de las desigualdades sociales y ha señalado que se trata de una renta igual a la que ya existe en el País Vasco (renta de garantía de ingresos) con lo que podría solaparse e incluso invadir competencias.

Jordi Salvador, de ERC ha destacado que centenares de miles de personas “que no tienen prácticamente nada” dependen de esta ley y ha lamentado que indicadores necesarios para otorgar ayudas, como el IPREM siga congelado durante más de siete años, lo que provoca más pobreza y menos protección social.

El portavoz de Empleo del PDeCAT, Carles Campuzano, ha urgido a cambiar el sistema de cobertura de las prestaciones al desempleo porque no ha funcionado y ha indicado que durante su tramitación habrá que debatir para que no se produzca ninguna invasión de competencias.

También el diputado de Compromís Joan Baldoví ha señalado que en una verdadera democracia “nadie puede quedar atrás” y ha instado a que el Gobierno rescate a las personas.

El diputado de UPN Jesús Alli ha mostrado su voto favorable (inusualmente contrario al PP) y ha afirmado que la prestación debe estar vinculada a que el receptor trabaje en la comunidad autónoma donde la recibe, mientras que la diputada de CC Ana Oramas ha dicho que la financiación que debe ser de las CCAA.

Por su parte, el portavoz de Economía del grupo parlamentario de Ciudadanos, Toni Roldán, ha rechazado apoyar la propuesta y ha calificado la renta mínima de antiliberal y antiprogresista y ha dicho, al igual que el PP, que votan en contra porque “no se puede pagar ni financiar”. “Es una mala noticia que el PSOE opte por podemizarse y hacer políticas de humo y asumir compromisos que no se pueden cumplir”, ha dicho. (Postdigital/Agencias)


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