Publicado: Martes 21/02/2017

El Congreso aprueba iniciar la derogación de la reforma de la Justicia Universal impuesta por el rodillo del PP en la pasada legislatura

El Pleno del Congreso ha dado un golpe en la sesión de este martes a otra de las polémicas reformas del Partido Popular de la pasada legislatura, la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal impulsada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, criticada por numerosas voces de la magistratura y organizaciones sociales por su “inconstitucionalidad”, ya que impide a los jueces españoles investigar y juzgar crímenes que se hayan cometido fuera de territorio español, aunque afecten a ciudadanos de nuestro país.

Con la aprobación de la reforma de 2014, casos como el del cámara José Couso, asesinado en Irak en 2003, o las desapariciones de varios ciudadanos españoles en el Sáhara quedaban sin poder ser investigados en España, además de producirse multitud de escandalosas liberaciones de narcotraficantes captados en aguas internacionales por agentes españoles.

La proposición de ley para la justicia universal ha sido presentada por el grupo de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, que busca permitir a los jueces ejercer sin límites su jurisdicción “independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del lugar en el que fueron cometidos los presuntos delitos” y con el planteamiento de recuperar la jurisdicción previa no solo a la reforma del PP de 2014 sino también a la del PSOE de 2009.

La iniciativa ha logrado salir adelante con el respaldo de la mayoría de la Cámara, a excepción del voto en contra del PP y de la abstención de Ciudadanos, que no se ha opuesto a su tramitación, por lo que la propuesta puede continuar su andadura en el Congreso. Sin embargo, la luz verde dada por el PSOE no ha sido completa, ya que ha anunciado que se posiciona a favor de dar marcha atrás con la reforma de 2014 pero no con la del anterior gobierno socialista de 2009. En total, la propuesta ha recibido 176 votos a favor, 136 en contra y 30 abstenciones.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha defendido la proposición preguntándose cómo es posible que una democracia tan joven como la española se comporte “de manera tan cicatera” respecto a los Derechos Humanos y ha denunciado que con la reforma del 2014 que aprobó en solitario el Grupo Popular se puso en “jaque mate” a la Justicia Universal derrotando libertades y derechos.

El parlamentario ha agradecido al PSOE su respaldo a esta proposición de ley, aunque luego modifiquen el articulado en la fase de enmiendas, ya que es “el que tiene la llave” y con su voto “se abrirá una posibilidad enorme de recuperar lo perdido”. “Hay que conseguir que cualquier genocida, esté donde esté, tenga el convencimiento de que tarde o temprano tendrá que comparecer ante el tribunal”, ha asegurado.

Ni la reforma aprobada en 2009 ni la del 2014 fueron aisladas ni casuales, ha precisado el parlamentario, que ha asegurado que se aprobaron para dar carpetazo a la instrucción de algunas causas como la del asesinato del cámara José Couso en Irak en 2003, la investigación del asalto a la Flotilla de la Libertad por parte de Israel, o los genocidios del Sáhara o el Tíbet.

Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos -En Comú Podem- En Marea han coincidido en que las reformas aprobadas por los dos grandes partidos del país no fueron baladí ni una coincidencia aleatoria con el archivo de causas relacionadas con genocidios, crímenes de lesa humanidad, la pederastia o la mutilación genital.

El diputado de En Comú Jaume Moya -que ya consiguió sacar adelante una proposición no de ley sobre este asunto el pasado 9 de febrero en la Comisión de Justicia- ha denunciado que con las reformas de la Justicia Universal se produce una injerencia “absolutamente intolerable del legislador en el poder judicial”.

El PNV -que tiene registrada otra proposición de ley en el mismo sentido-, y los partidos del Grupo Mixto PDeCat y Compromís también votan a favor al entender que la vigente normativa ha abierto la puerta a la impunidad al crimen atroz.

La diputada socialista Soraya Rodríguez ha mostrado el respaldo de su grupo a la proposición pero afirmando que “nada tienen que ver” la reforma de 2009 con la aprobada en solitario por el PP puesto que esta última buscaba crear un marco legal para impedir investigar este tipo de delitos y evitar “problemas diplomáticos” con otros países.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia, Ignacio Prendes, ha recordado que el acuerdo alcanzado en la Comisión para recuperar la justicia universal se retrotraía a la situación previa a la reforma aprobada en solitario por el PP en 2014 y, considerando que “lo más sensato” es recuperar la normativa de 2009, su grupo se ha abstenido en la votación y ha anunciado que lo indicarán en la fase de enmiendas.

Para el portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro Almaraz, portavoz de Justicia del PP, ha mostrado el rechazo de su partido a la derogación de la ley alegando que “no es verdad que con cierta forma de regular la justicia universal acabemos con los males e imperfecciones de los sistemas judiciales del mundo, ni con todos los dictadores, genocidas y violadores de derechos humanos”, y ha acusado a ERC de tener “gran dosis de cinismo” y ha señalado que con la reforma llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy se incluyeron delitos relacionados con la violencia de género y el turismo sexual. El socio electoral del PP, Foro Asturias, ha votado del mismo modo. (Postdigital/Agencias)

Justicia Universal_Joan Tardá


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