Publicado: Lunes 13/03/2017

Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación y una multa de 36.500 euros por el 9N

El expresidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a dos años de inhabilitación para cargos públicos electivos locales, autonómicos o estatales por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta sobre la independencia de Catalunya del 9 de noviembre de 2014, así como al pago de un multa de 36.500 euros, aunque le absuelve del delito de prevaricación.

Junto a Mas, el tribunal condena también a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros, y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau a un año y seis meses y a una multa de 24.000 euros, como colaboradoras necesarias en un delito de desobediencia, y también quedan absueltas de prevaricación administrativa.

El tribunal considera que Mas, Ortega y Rigau “alteraron en términos inaceptables el normal funcionamiento del Estado de derecho” al “imponer su voluntad” a pesar de la orden del Constitucional del 4 de noviembre de suspender la consulta del 9N, y afirma que solo ha juzgado la desobediencia de los condenados y no la convocatoria ni el proceso participativo.

La Fiscalía solicitaba para Mas diez años de inhabilitación como autor de los delitos de desobediencia y prevaricación, y nueve años para Ortega y para Rigau como cooperadoras necesarias, y el juicio quedó visto para sentencia el 10 de febrero.

Artur Mas_El fiscal consideró que en el juicio había dejado claro que los acusados desobedecieron de forma “patente, clara y caprichosa” la suspensión del TC y que no sólo siguieron con los preparativos, como los tres defendieron en el juici, sino que los intensificaron de forma determinante tras el veto.

Por los mismos delitos está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo (TS) el diputado de PDeCAT en el Congreso y entonces conseller de Presidencia, Francesc Homs, ya juzgado la semana del 27 de febrero por el alto tribunal y para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación.

Recurrirán la sentencia hasta el final

Tras conocer la decisión del tribunal, Artur Mas ha convocado una rueda de prensa en la que ha asegurado que recurrirán la sentencia hasta las más altas instancias europeas, alegando que está “cogida con fórceps desde muchos puntos de vista”.

“Esto no acaba en el Estado español, que tiene la democracia amputada, acaba en Estrasburgo, en el corazón de Europa”, ha expresado Artur Mas, que no confía en que el recurso ante el Tribunal Supremo vaya a cambiar la sentencia, y ha afirmado que la ley en España no es igual para todos, ya que el Gobierno central del Partido Popular ha desobedecido en varias ocasiones al Constitucional y no ha ocurrido nada: “Si el Gobierno reiteradamente incumple sentencias del Tribunal Constitucional, hoy sus miembros, empezando por Mariano Rajoy, deberían estar inhabilitados, y no les han tocado”.

“Volveríamos a hacer exactamente lo mismo. No nos arrepentimos de nada”, se ha reafirmado el expresidente de la Generalitat, que ha dicho acatar el fallo con serenidad pero con disconformidad, y que ya ha descartado ser candidato en unas elecciones porque lo impide la legislación española.

Reacciones

El actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este lunes que el independentismo es un compromiso de diferentes gobiernos y presidentes catalanes, sustentado sobre una sólida mayoría parlamentaria y que sale tras la sentencia del 9N “más reforzado”, como ante cada dificultad. A la espera de su propia sentencia, el diputado de PdeCat Francesc Homs ha dicho que se trata de “una sentencia tan absurda como errónea”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado en su cuenta de la red social Twitter que es “muy grave” que se inhabilite a políticos por poner urnas y que “judicializar un conflicto político es enquistarlo”.

También desde Twitter se ha pronunciado el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, quien ha retratado a Mas como el heredero del Pujolismo, “una de las peores expresiones de la Trama”, pero considera “una vergüenza” su condena.


El secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, también ha calificado la situación de “grave carencia de calidad democrática”, en la misma línea que el portavoz de ERC, Serbi Sabrià, la ha tildado de “indigna y antidemocrática”. Por su parte, la diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya cree que “la vía del referéndum pactado es una vía muerta” tras una sentencia “antidemocrática y vergonzosa” que evidencia que “el Estado de excepción ya ha comenzado” y con la que se está inhabilitando a los 2,3 millones de personas que participaron en la consulta.

El lehendakari de Euskadi, Iñigo Urkullu, considera que la sentencia por la consulta del 9N es “la culminación de un despropósito”, ha señalado que el Estado debe tomar “conciencia de su propia realidad plurinacional” y ha advertido de que “ninguna inhabilitación impedirá la demanda del pueblo catalán de poder decidir su futuro”.

De manera contraria ha reaccionado el PSC. El secretario de Organización de los socialistas catalanes ha defendido este lunes que no respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional “acarrea sus consecuencias” y ha destacado que la pena impuesta a los tres condenados es “la menor posible”, ya que han sido absueltos de prevaricación administrativa. En la misma línea se ha expresado el PSOE por boca de su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.

Para el PP, la sentencia del TSJ catalán “pone a cada uno en su sitio”. Así lo ha expresado el portavoz del partido, Pablo Casado, en rueda de prensa en la sede nacional del PP, donde ha expresado que es “tranquilizante” que haya justicia y que los catalanes tengan “la certeza” de que no va a haber impunidad. Según Casado, el fallo del tribunal no es una agresión a la hoja de ruta soberanista, que para él sí es una “agresión contra la legalidad en España”. “Se ha hecho justicia”, ha sentenciado.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha celebrado que la sentencia suponga el cierre a la “posibilidad legal” de un referéndum en Cataluña y ha pedido al Govern que no cometa “el mismo error” de celebrar una nueva consulta, que considera que sería un bloque institucional que no lleva a ningún sitio. Desde Twitter, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha sentenciado que “nadie puede desobedecer las leyes democráticas, menos aún nuestros gobernantes”.



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