Publicado: Sábado 6/05/2017

El resultado demoledor de la privatización sanitaria de Aguirre: 10 hospitales más pero 300 camas menos y disminución de la calidad en beneficio de las empresas

El resultado del análisis de los diez años trascurridos desde que Esperanza Aguirre iniciara el proceso privatizador de la Sanidad madrileña muestra un panorama desolador en el sector público, según las conclusiones del informe ‘La privatización hospitalaria en Madrid: Balance de 10 años’, realizado por el Observatorio Madrileño de Salud, en el que han participado numerosos ayuntamientos, sindicatos, asociaciones profesionales y entidades sociales.

El informe, presentado este viernes, pone de relieve la escandalosa disminución del número de camas hospitalarias y personal sanitario por habitante, a pesar de haberse abierto diez hospitales nuevos en este período, en un proceso en el que la transparencia brilla por su ausencia, en el que se apostó por tres modelos de gestión sanitaria en Madrid: el PFI (Iniciativa de Financiación Privada), las concesiones administrativas y la cesión de la atención sanitaria de un área a la Fundación Jiménez Díaz (en manos de la multinacional Quirón).

Las 9 conclusiones del informe

1. El proceso de apertura de 10 nuevos hospitales, y el traslado de otro, contra toda lógica y de una manera aparentemente sorprendente, ha supuesto una reducción en el número de camas de la región (300 camas menos) pasando de 3,50 camas por 1.000 habitantes a 3,33 camas/1.000 habitantes en 2016 (promedio de la UE 5 camas/1.000 habitantes). Este hecho se debe al cierre en paralelo de camas en los hospitales preexistentes.

2. La Comunidad de Madrid no ha realizado una evaluación de estos centros y la ausencia de transparencia es la norma, existiendo poca información pública confiable.

3. Los sobrecostes de los tres modelos privatizadores utilizados en la Comunidad de Madrid son bien patentes. El modelo PFI incrementa el coste entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de construcción y gestión pública. El de concesiones administrativas supone un sobrecoste del 14,95% anual y la concesión de la asistencia a un hospital privado ha presentado un incremento presupuestario del
25,04% anual.

4. Existen numerosos casos detectados de aportaciones extrapresupuestarias de financiación pública hacia estos centros, pero no se ha hecho un análisis sistemático de la situación. Hay que exigir una auditoria por parte de la inspección sanitaria y el tribunal de cuentas para conocer detalladamente la realidad.

5. No hay un control público sobre el funcionamiento de estos centros y el cumplimiento de los contratos que mantienen con el sector público, asimismo se desconoce, y se sospecha que no la habido, si se han aplicado sanciones por los numerosos incumplimientos conocidos.

6. El número de camas/1.000 habitantes y de trabajadores por cama es significativamente inferior en estos centros respecto a los hospitales de gestión tradicional, lo que dificulta su capacidad para garantizar la atención sanitaria de calidad y evidencia que se hacen recortes para mejorar la rentabilidad empresarial sin tener en cuenta la calidad de la asistencia.

7. Hay muchas pruebas de un deterioro sistemático de los centros de gestión tradicional, especialmente de los más cercanos a los nuevos centros y del trasvase de pacientes hacia los centros privatizados, facilitado por la gestión del call center privatizado.

8. Asimismo hay una experiencia dilatada de la práctica de selección de riesgos por estos centros de gestión privada aunque los datos oficiales permanecen ocultos. Una vez más existe una gran opacidad en la información disponible, hay que exigir información pública y detallada de los trasvases de enfermos, incluyendo la complejidad de los mismos y las transferencias económicas que producen.

9. No existe ninguna evidencia de mejora de la asistencia sanitaria en la región, tal y como se deduce de la opinión de la ciudadanía expresada en los Barómetros Sanitarios y en el aumento del número de ciudadanos en lista de espera quirúrgica (que han pasado de 27.672 en junio de 2005 a 84.000 en septiembre de 2016).

A la vista de estos hechos, el informe concluye que “son más que suficientes para exigir el final de la privatización sanitaria y la reintegración de los centros privatizados así como, la Fundación Alcorcón y las Empresas Públicas Fuenlabrada y UCR en la red de gestión pública del SERMAS, que está demostrando ser más eficaz y más eficiente a la hora de atender los problemas de salud de la población”.

Informe completo


 


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