Publicado: Martes 16/05/2017

La Guardia Civil pide la imputación de Cifuentes por delitos de prevaricación y cohecho relacionados con la Púnica

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pide investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

La UCO relaciona estas adjudicaciones ‘en el marco de la trama Púnica’ con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales. Cifuentes era entonces vicepresidenta de la Asamblea y formaba parte del comité de expertos que valoraba las ofertas y presidía la Mesa de contratación que adjudicó al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, estos contratos.

Este informe se incluye en el sumario sobre la Cristina Cifuentes Jaque al Reypieza de la financiación irregular del PP de Madrid, y en él la Guardia Civil afirma que encuentra un “nexo” entre el “favorecimiento” a la empresa de Arturo Fernández y sus aportaciones a Fundescam. Unas aportaciones hechas en fechas próximas a las elecciones autonómicas de 2007, “y cuya investigación principal habría demostrado el carácter finalista de las mismas al objeto de financiar de manera encubierta al Partido Popular de madrid para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización”.

En el informe se recoge que a través de la cuenta corriente de Fundescam, “determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”.

El Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO considera que las conductas apreciadas pueden responder a un delito electoral continuado en concurso con los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

 En concreto, el informe señala dos aportaciones económicas de Arturo Fernández por un valor total 160.000 euros: 60.000 euros a través de Cantoblanco y de 100.000 euros en calidad de vicepresidente de la Confederación Empresaria de Madrid (CEIM).

La UCO insiste así en que la adjudicación de estos servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea en los años 2009 y 2011 “pudo ser decidida de antemano” y se basa en “una pluralidad de arbitrariedades” que, según sostiene, fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones. Estas personas eran la propia Cifuentes y la jefa de Protocolo de la Asamblea, María Virtudes Merino.

Según denuncia, la investigación pone de manifiesto “actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles en cuanto al resultado presumible de su realización”, lo que demuestra “pleno conocimiento y voluntad” a la hora de realizarlos, ya que la adjudicataria no fue la empresa que mejor oferta económica presentó, sino que fue elegida en base a criterios de solvencia y adjudicación “que a juicio policial son contrarios a derecho”.

Delito electoral continuado

Otro informe de la UCO incluido en el sumario de la Púnica también vincula a Cifuentes, como patrona de la Fundación Fundescam, con pagos irregulares de gastos electorales del PP de Madrid.

 Según la UCO, a través de Fundescam, “determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”. Estas conductas apreciadas por la UCO podrían ser constitutivas de un delito electoral continuado junto con los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

Vuelve a aparecer aquí Arturo Fernández entre los empresarios que “fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cifuentes”. (Agencias)


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