Publicado: Martes 6/06/2017

La Comunidad de Madrid paga por 135 camas hospitalarias que no existen millones de euros a una concesionaria privada desde hace 9 años

La gestión de la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre como presidenta dejó un endeudamiento en la comunidad que pasó de 10.073 millones de euros en 2006 a 24.632 millones a finales de 2014, un endeudamiento que se investiga, a petición de Podemos y con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, en la comisión de estudio sobre la auditoría y la gestión pública de la Asamblea de Madrid, en la que ha comparecido este martes el director gerente del Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda, Ricardo Hernanza, para dar cuenta de irregularidades entre lo contratado por la Administración y lo cobrado por la empresa concesionaria del hospital.

Y es que la Comunidad de Madrid ha estado pagando a dicha empresa privada durante nueve años millones de euros por el servicio de 135 camas que no existen por decisión de Esperanza Aguirre.

Según el contrato, el centro hospitalario debía contar con 878 camas en total, que fueron compradas e instaladas en las habitaciones destinadas al uso de dos pacientes. Sin embargo, poco antes de la inauguración, Aguirre ordenó que estas habitaciones fueran convertidas en individuales, eliminando una de las dos camas, Aguirre-Gonzálezque fue sustituida por sillones para los acompañantes de los pacientes.

El desfase económico procede de que nunca se llegó a modificar el contrato con la concesionaria, que continuó cobrando año tras año por un servicio que no ofrecía, mientras que los cambios contractuales sí fueron convalidados por el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre en 2008.

Los datos aparecen confirmados en un informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, realizado a petición de la nueva Consejería de Sanidad, en el que se recomienda que se adecue el contrato a la realidad pero, informa, solo se puede reclamar a la concesionaria que devuelva el dinero cobrado de más correspondiente a los últimos cuatro años, porque así lo estipula la ley.

Según la empresa privada, el derecho de la Comunidad de Madrid ya ha prescrito y el contrato no se puede cambiar porque, a su juicio, la administración de Aguirre no llevó a cabo equilibrio económico alguno y ahora no existe apoyo normativo para hacerlo, aunque el procedimiento no fuera riguroso.

A través del Servicio Madrileño de Salud (Serma), la Comunidad de Madrid ya ha iniciado un procedimiento administrativo contra la concesionaria del Hospital Puerta del Hierro para reclamarle 4 millones de euros, una cifra a la que habría que sumar el impacto económico desde este momento hasta el final del contrato, que sería de 24 millones de euros más.

El expediente del procedimiento administrativo ya está iniciado por el Sermas y ahora la concesionaria tiene que decidir si acepta la devolución del dinero reclamado o se somete a un procedimiento contencioso administrativo en los tribunales.

“Ignoro por qué no se controló esto en años anteriores, es lamentable, las administraciones estamos obligadas a velar por el buen uso de los fondos públicos y por el control de las actividades que se encuentren recogidas en los pliegos de contratos”, ha lamentado el portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, en rueda de prensa.

Privatización de la Sanidad madrileña

El Puerta de Hierro es uno de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid que funcionan con un modelo de gestión mixta implantado en siete de los once nuevos centros inaugurados entre 2007 y 2008, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre.
El resto son los hospitales del Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina e Infanta Sofía.

El mantenimiento de estos siete hospitales, gestionados directamente por el Sermas, depende de unas empresas concesionarias que también se encargan de servicios no sanitarios como la limpieza, la seguridad o la lavandería, y que en su día acometieron la construcción de los centros.

La Comunidad de Madrid tiene que pagar a estas empresas por todos los conceptos mencionados un canon con una vigencia de 30 años desde su puesta en marcha.


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