Publicado: Jueves 21/09/2017

Imputada la actual tesorera del PP nacional y el número dos de Barberá por la financiación irregular del partido en Valencia

La actual tesorera del PP nacional, Carmen Navarro, ha sido imputada junto al número dos de Rita Barberá en el anterior consistorio de Valencia, el exvicealcalde Alfonso Grau, y el exgerente del PP provincial, José Moscardó, por la financiación de las campañas del Partido Popular de la capital valenciana en las elecciones de 2007 y 2011, que han sido llamados a declarar por el magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en el marco del denominado ‘caso Imelsa’.

El caso Imelsa, que debe su nombre a una empresa de la Diputación de Valencia, investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales, amaños en contratos desde varias administraciones públicas valencianas, blanqueo de capitales y delito electoral.

Grau será el primero en declarar por los delitos de cohecho, malversación y delito electoral el próximo 6 de octubre en relación con la financiación de las campañas del PP de la ciudad de 2007 y 2011 a través de la empresa LaterneCarmen Navarro-PP Product Council (LPC), mientras que los otros dos imputados están citados para el 16 del mismo mes.
El auto judicial, que está fechado a 20 de septiembre, se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que se desprende que el que fuera administrador de Laterne Product Council, Vicente Sáez, en la actualidad ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron “utilizar el entramado empresarial” del primero para “alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros”.

Esta operativa se llevaba a cabo, según se explica en la resolución, “velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral”.

Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado “tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas” figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.

En el epígrafe ‘Coste Total Campaña’ aparecen gastos por un total de 2.538.731 euros y, a continuación, se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como ‘Aportaciones’ por un total de 2.683.750 euros. Sin embargo, el magistrado resalta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendió a la suma de 133.762 euros.

Cómo se canalizaba el dinero

El instructor de esta causa desgrana también los distintos procedimientos empleados para canalizar dichas entregas de dinero. En primer lugar, señala que se producían a través de aportaciones provenientes de fundaciones y organismos vinculados al Ayuntamiento de València y que “no obedecerían a servicios efectivamente prestados a los mismos por Laterne u otras empresas del grupo empresarial de Vicente Sáez”.

El segundo método lo constituirían aportaciones de una serie de empresas privadas, todas ellas relacionadas contractualmente con el consistorio en el que gobernada el PP de Rita Barberá, con las que se habría acordado “sufragar y financiar los gastos de campaña”.

Otra vía de entrada de efectivo, por un importe de hasta 620.000 o hasta 1.119.600 euros, según diversos documentos incorporados a la causa, provendría de firmas supuestamente implicadas en la constitución de una empresa, Product Management Council S.L. (PMC), que fue constituida en 2007 pero de la que “no hay ninguna justificación” en el empleo de esos fondos, “no contó con trabajadores”, ni aparecen “datos que revelen la devolución” de esos importes, por lo que “cabe pensar razonablemente que su destino fuera la financiación de la campaña de 2007″, apunta el juez.

El informe recoge también una operativa por la que se habría satisfecho, ya en 2008, el importe de gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban a LPC. “Esta operativa implica directamente a Alfonso Grau”, según consta en el auto.

Jesús Gordillo, exasesor de Grau y que trabajó para Laterne, manifestó en su declaración que el exvicealcalde le entregó 350.000 euros en billetes de 500 y le dio instrucciones para recoger en una empresa un cheque de 150.000. Estas cantidades, finalmente, sirvieron presuntamente para llevar a cabo el pago de las cantidades adeudadas a las distintas mercantiles que habrían colaborado en la campaña.

El juez explica también que estos hechos serían constitutivos de un presunto cohecho, cuya responsabilidad penal hoy estaría prescrita, por lo que los empresarios que habrían entregado cantidades a Laterne deberán en su caso declarar en esta causa como testigos. (Agencias)


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