Publicado: Sábado 23/09/2017

Amnistía Internacional pide a España “respetar los derechos humanos” en Cataluña, especialmente el de “libertad de expresión” tras las incautaciones de propaganda

Concretamente, pone de relieve que las manifestaciones espontáneas no deben ser consideradas ilegales y advierte a las autoridades de que no deben “esgrimir la obligatoriedad de la notificación previa a la celebración de la manifestación” para obstaculizarla ni “imponer sanciones penales ni de sanciones administrativas consistentes en multas” a los organizadores o participantes.

amnistiaAmnistía Internacional ha valorado la situación por la que pasa Cataluña como un escenario de “alta tensión” y ha pedido a los responsables estatales y autonómicos que cumplan la obligación de “respetar y garantizar los derechos humanos”, entre los que destaca particularmente la libertad de expresión.

“Estos derechos deben ser protegidos en todo momento, y cualquier restricción sobre ellos, debe ser impuesta solo cuando es demostrablemente necesario y proporcionado para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, o los derechos de otros”, subraya la organización en un comunicado.

Concretamente, pone de relieve que las manifestaciones espontáneas no deben ser consideradas ilegales y advierte a las autoridades de que no deben “esgrimir la obligatoriedad de la notificación previa a la celebración de la manifestación” para obstaculizarla ni “imponer sanciones penales ni de sanciones administrativas consistentes en multas” a los organizadores o participantes.

“Declaraciones como las del delegado del Gobierno en Madrid, amenazando con multar a las personas que se manifiesten espontáneamente están fuera de lugar y ponen en peligro el derecho de reunión pacífica”, ha señalado el director de Amnistía Internacional en España, que considera “injustificadas” las suspensiones aplicada en Vitoria y Madrid a dos actos de apoyo a la referéndum ilegal del 1-O.

Además, en relación a los señalamientos en medios de comunicación a responsables políticos que se niegan a incumplir la ley y la inserción en medios de comunicación de publicidad de la consulta, cuestiones ambas que están siendo investigadas por la Fiscalía del Estado, la organización internacional recuerda a las autoridades que las restricciones en el derecho de información “se deben referir a un contenido concreto” y cree que la “restricción de cualquier publicidad o propaganda” es un criterio “notablemente impreciso” que podría suponer la restricción de “ejercicios legítimos de libertad de expresión e información”.

“En caso de que las autoridades impongan una restricción a la libertad de expresión bajo el argumento de que supone una amenaza para la seguridad nacional, el orden público o al derecho de otros, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que se debe demostrar de manera precisa la naturaleza de la amenaza, y la necesidad y la proporcionalidad de la medida concreta que se adopte, estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza, algo que los jueces no hicieron en estos casos”, subraya el comunicado.

El texto concluye con un llamamiento a las autoridades a respetar y garantizar “más que nunca” los Derechos Humanos, en una situación de “alta tensión”, en palabras de la coordinadora de la organización en Cataluña, Adriana Ribas


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