Publicado: Martes 26/09/2017

La exalcaldesa del PP de Alicante, procesada por beneficiar a amigos constructores con el planeamiento urbanístico de la ciudad

La Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) por beneficiar a cambio de diferentes dádivas, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz, también procesado, con el diseño del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El auto dictado por la sección segunda de la Audiencia Provincial, notificado esta tarde a las partes, avala en líneas generales la investigación dirigida por el juez instructor, Manrique Tejada, y sitúa en la antesala de juicio a ambos sospechosos por esta pieza derivada de la Operación Brugal.

El constructor y la exalcaldesa se sentarán en el banquillo de los acusados junto al antecesor de Castedo en el Ayuntamiento de Alicante, el excalde también del Partido Popular Luis Díaz Alperi, cuyo Sonia Castedoprocesamiento ya ratificó otra sala, además de otros seis implicados en el caso que también serán procesados.

En cambio, la Audiencia ha dictado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al arquitecto que diseñó el Plan General de Ordenación Urbana bajo sospecha, Jesús Quesada, al no apreciar indicios de que facilitara a Ortiz información reservada.

El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de instrucción 5 de Alicante, dictó en enero pasado la transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado para diez imputados por supuestos delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho.

La Sección segunda ha confirmado ahora esa resolución por lo que respecta a siete de los ochos investigados que recurrieron ante ella en fase de apelación y únicamente la ha revocado con respecto a Quesada.

Castedo y RajoyEl auto de apelación determina que las conductas atribuidas a Castedo “pudieran ser constitutivas de delito”, tal y como concluyó el juez Tejada en “un extenso relato fáctico que se sustenta en indicios”.

El tribunal pone como ejemplo de esos indicios la conversación telefónica que mantuvo la entonces concejal de Urbanismo (antes de ser alcaldesa) con Ortiz el 21 de mayo de 2008, en el que el constructor pidió a su interlocutora que le mostrara cómo iba a quedar el futuro PGOU para poder comprar suelo.
“Consideramos que sí existen indicios de delito, que los mismos aparecen relacionados en el auto de pase a procedimiento abreviado, justificando su dictado y la celebración, en su caso, del plenario”.

Es la respuesta de la Audiencia Provincial para los abogados de la exalcaldesa. En esta línea, la Audiencia señala que también existen suficientes indicios delictivos contra Enrique Ortiz para llevarlo a juicio, por lo que desestima su recurso de apelación.

Otros implicados procesados

Los magistrados llegan a esa misma conclusión respecto a los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano este último de la exalcaldesa, tanto por sus relaciones con Ortiz como con el exalcalde alicantino Luis Díaz Alperi.

La sala también ha confirmado el procesamiento por cohecho del empresario Pablo Rico y dos directivos de las empresas de Ortiz -Virgilio Ortiz, hermano del propio promotor, y Santiago Bernáldez-, por participar presuntamente en la extracción de importantes cantidades dinero en efectivo destinadas, según la investigación, a sobornar Díaz Alperi.

En cambio, ha exculpado al redactor del PGOU, Jesús Quesada, de los delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada por los que estaba siendo investigado, pues se desconoce qué información pudo facilitar exactamente a Ortiz, “su extensión y relevancia”. (Agencias)



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