Publicado: Sábado 6/01/2018

20 familias que alquilaron a precios protegidos serán desahuciadas por el fondo buitre al que un imputado alcalde del PP vendió sus pisos

Una veintena de familias de una urbanización de El Montecillo, en Las Rozas, ha recibido una demanda de desahucio después de negarse a firmar los nuevos contratos de alquiler propuestos por un fondo buitre.


Una veintena de adjudicatarios de viviendas de protección municipal de Las Rozas en régimen de alquiler con opción a compra en El Montecillo ha recibido demandas de desahucio del fondo de inversión que compró la promoción, formada por 400 pisos.

Así lo ha confirmado el presidente de los afectados, Luis Martínez de Eguilaz, que ha señalado que son 23 los vecinos que se negaron a firmar los nuevos contratos de alquiler propuestos por Fidere, que fue el fondo de inversión que adquirió la promoción, y que “por el momento” ya han recibido la demanda 15, aunque “esperan” que en los próximos días el resto reciba las notificaciones.

Siete años de plazo

El portavoz vecinal ha explicado que en mayo de 2017 se cumplieron los siete años de plazo que tenían los adjudicatarios para ejercer la opción a compra de los pisos. En caso contrario, si querían seguir viviendo en las casas, tenían que firmar el contrato de alquiler en el que el fondo de inversión les planteaba una subida de 300 euros mensuales, de forma progresiva en tres años.

De este modo, ha señalado que además de la subida se les incluían cláusulas “desproporcionadas” que “no podían asumir”, por lo que presentaron en el Juzgado “demandas de consignación” por las que depositan los alquileres desde mayo.

En cuanto a por qué no compraron las casas cuando se cumplieron los siete años, ha indicado que “la opción estaba sobreinflada”, a “precios de 2006″.

“Había mucha gente que no tenía ahorros suficientes para afrontarla o que les negaron la hipoteca. No tenemos por qué irnos del municipio. Estos pisos se construyeron en suelo público con un objetivo concreto. Lo que no se puede hacer es que hayan terminado en manos de un fondo de inversión que lo que busca es maximizar sus beneficios sin importarle quién vive ahí”, ha indicado.

Demanda recibida

“Nosotros no hemos aceptado las nuevas condiciones y nos han presentado demandas de desahucio. Por el momento, unos 14 vecinos las hemos recibido, con el dossier completo, donde nos van a pedir que nos vayamos de las casas. Nos hemos negado y puesto el asunto en manos de un abogado. Estamos a la espera de que fijen las fechas del juicio”, ha señalado.

Martínez de Eguilaz ha explicado que cuando fueron adjudicatarios de las viviendas, el alquiler estaba fijado en una media de 700 euros mensuales, para un piso de 55 metros, pero que con el nuevo contrato, el precio será de más de 1.000 euros.

“Pensamos que son pisos de protección oficial, que es por lo que accedimos, ya que cumplíamos los requisitos, al no poder afrontar los precios que había. Ahora nos notifican que no podemos seguir, dándonos un contrato que es inasumible”, ha añadido.

Pisos vacíos

En este sentido, ha dicho que no tienen “por qué irse” de esas casas. “Nos tendríamos que cambiar de municipio y nuestros hijos de colegio. Llevamos muchos años aquí. No es fácil”, ha lamentado

El portavoz de los afectados ha indicado que unos 150 pisos de los pisos de la urbanización “están vacíos” a raíz de la situación, ya que en mayo, cuando concluyó el plazo para ejercer la opción a compra 135 personas decidieron comprar, entre 50 y 60 firmaron contrato de renovación, y otros 50 han entrado con las nuevas condiciones. “La urbanización está sufriendo otro éxodo. Nos mantenemos los 23 valientes”, ha subrayado.

“Un total de 23 inquilinos nos negamos a firmar el contrato de renovación por considerar que no se ajustaba a derecho. De los que firmaron, como las subidas son muy fuertes, están abandonando la urbanización”, ha concluido.

Finalmente, ha dicho que sospechan que el “objetivo” de Fidere es que se vayan de los pisos para que “queden libres” para poder venderlos obteniendo el “máximo beneficio”.

El juzgado de instrucción número 6 de Majadahonda investiga si el alcalde del Ayuntamiento madrileño de Las Rozas (del PP) prevaricó al autorizar la venta de 400 viviendas protegidas a la empresa Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo estadounidense Blackstone.


PAH-Gente sin casa


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