Publicado: Sábado 13/01/2018

El tijeretazo del 50% al gasto público machaca a las víctimas de violencia machista: el Gobierno rompe el Pacto de Estado dejando sin financiación la lucha contra estos crímenes

A medio camino entre el sometimiento al cumplimiento del déficit impuesto por Bruselas y la herramienta de presión política para lograr la sumisión de la oposición a los Presupuestos Generales diseñados por el PP para 2018, este viernes salía a la luz el acuerdo aprobado con opacidad y oscurantismo por el Consejo de Ministros para llevar a cabo un tijeretazo en el gasto público del 50% que se mantendrá hasta que sus presupuestos obtengan el visto bueno del Congreso.

Entre los múltiples ámbitos sociales que se verán afectados por esta decisión de recorte mayúsculo, como las becas o las ayudas a la dependencia, se encuentra también el de la lucha contra la violencia machista, que ya ve reducido su presupuesto dramáticamente mientras 2017 nos deja la espantosa cifra de al menos 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas (cuatro casos siguen en investigación) y el récord de víctimas infantiles, con la muerte de siete menores que sitúan el año 2017 como el peor en este sentido desde que se contabilizan estos crímenes.

La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de recortar el gasto público al 50% supone en este ámbito la pérdida dramática de 200 millones de euros para la lucha contra estos crímenes.

La Plataforma 7N denuncia: el Gobierno ha roto el Pacto de Estado

La Plataforma 7N Contra las Violencias Machistas denuncia que el Gobierno ha roto así el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al no incluir en la prórroga presupuestaria el aumento de los 200 millones de euros al que se había comprometido. De este modo, el incumplimiento del compromiso económico convierte el Pacto en papel mojado, ya que de las 214 medidas publicadas en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el 9 de octubre de 2017, 119 requieren presupuesto, informa la plataforma.

Además, denuncia que limitar las transferencias a las Comunidades Autónomas al 50% afectará gravemente al derecho que tienen las víctimas de violencia machista a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y recuperación integral, recogidos en el artículo 19 de la Ley Integral.

Según la organización, “el Gobierno no deja de mostrar su falta de voluntad y compromiso por erradicar la violencia machista”: “Su indiferencia ante los asesinatos de mujeres, niñas y niños, es inadmisible”.

Vuestras políticas nos matan - Violencia MachistaY recuerda en este sentido el caso de Juana Rivas, víctima de violencia machista que se enfrenta a 5 años de prisión a petición de la Fiscalía por tratar de proteger a sus hijos, lo que “se suma al cúmulo de despropósitos que no han hecho más que revitimizar a esta mujer granadina”.

“El 2018 será un año de permanente movilización social, no vamos a tolerar su incompetencia y el desinterés en garantizar los derechos humanos constitucionalmente reconocidos a la mitad de la población. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia”, sostiene la Plataforma 7N.


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