Publicado: Viernes 2/02/2018

Rechazada por el voto en contra del PSOE y la abstención de PP y C’s una ley de Podemos para frenar desahucios

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado tomar en consideración, con los votos en contra del PSOE-A, la abstención del PP-A y Ciudadanos y el respaldo de IULV-CA, la proposición de ley de Podemos Andalucía de información a los consumidores sobre la titulización de préstamos hipotecarios y de otro tipo, que buscaba frenar muchos de los desahucios que se producen en Andalucía.

Juan-Moreno-Yagüe“Hay muchos procedimientos judiciales donde los jueces sentencian a favor de los usuarios cuando demuestran que el titular de la hipoteca no es el banco”, ha agregado el diputado de Podemos, antes de apuntar que su iniciativa pretende dar cumplimiento a los derechos de los ciudadanos en este marco.

El diputado José Latorre, para posicionar al PSOE-A, ha acusado a Podemos de “no contar toda la verdad” porque su iniciativa legislativa “llega tarde y se queda corta a la hora de proteger a los ciudadanos”. Ha señalado que llega tarde porque “hace tres años, en el 2015, la Junta ya era conocedora de este problema y tomó la decisión de desarrollar una ley para que estos casos no vuelvan a darse en Andalucía”, con la ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.

Asimismo, el socialista ha incidido en que la proposición de ley del partido morado “se queda corta en la protección de los derechos de los usuarios” porque cuando se cede una hipoteca pero no es en régimen de titulización, “el consumidor también tiene derecho a saber quién es el titular de la hipoteca”. Además, ha reclamado a Podemos “diálogo y rigor” y que “colabore con el Gobierno andaluz” en el desarrollo del decreto para dar cumplimiento a la referida ley ya aprobada.

Por el PP-A, el parlamentario Miguel Ángel García Anguita ha considerado que “todo lo que sea información al consumidor es importante”, si bien ha recordado que el Parlamento ya aprobó una ley sobre la misma materia que quiere regularizar ahora Podemos aunque, ha recalcado, “hay cosas que se están incumpliendo” desde su entrada en vigor como, por ejemplo, la creación de un tribunal arbitral andaluz para ejecuciones hipotecarias y desahucios.

Ha explicado que los populares han decidido abstenerse en la votación porque de salir adelante “habrá dos normas con rango de ley que regularían la misma materia” a pesar de que el Gobierno andaluz “no desarrolle” la aprobada en el 2016, de ahí que desde el PP-A aboguen por presentar una proposición no de ley que reclame a la Junta el cumplimiento de dicha norma.

En nombre de Cs, el diputado Carlos Hernández White ha llamado a “diferenciar” entre “los distintos fondos de titulización que existen”, porque en la iniciativa de Podemos “se hacen generalizaciones, parece que todo es malo y todos los préstamos hipotecarios son una estafa”, cuando “no es así y no es bueno generalizar”, según ha remarcado.

Tras manifestar “serias dudas sobre la conveniencia de abordar esto desde la perspectiva del consumo” y apuntar que “no creen que haya que desarrollar nuevas leyes” sobre este asunto, ha indicado que Cs no se opone a la tramitación de esta ley porque entiende necesaria la “transparencia” sobre algunos de los casos que contempla.

Por último, la portavoz adjunta de IULV-CA Elena Cortés ha saludado la propuesta de Podemos porque “lo que abunda no daña” y porque persigue terminar con el “correlato de una estafa” que ha convertido el derecho a la vivienda “en una mercancía” y la compra de viviendas “en una manera de alimentar el capitalismo especulativo”.

Además, ha señalado que esta norma será útil porque “cientos de familias han perdido su vivienda cuando su hipoteca estaba en otras manos por su titulización”, y la parlamentaria de la coalición de izquierdas también ha considerado que “mejora los textos en vigor” sobre este asunto.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

Titulada ‘Ley de información a los consumidores sobre la titulización de préstamos hipotecarios y de otro tipo’, la proposición de ley de Podemos contiene seis artículos. Los dos primeros hablan de quién es el sujeto afectado por esta ley y qué son los préstamos titulizados, mientras los artículos tres y cuatro establecen el derecho del consumidor a reclamar a su banco esta información y que éste se la facilite en un máximo de cinco días hábitel. Además, la norma establece sanciones en caso de incumplimiento.

Así, se considera hipoteca titulizada aquel préstamo con garantía hipotecaria contratado por un consumidor con una entidad de crédito cuya actuación en Andalucía se halle sujeta a la supervisión del Banco de España, que hayan sido cedidos por cualquier título a un fondo de titulización.

De esta manera, la norma planteada por Podemos recoge que las entidades que hayan cedido un crédito hipotecario u ordinario a un fondo de titulización deberán informar por escrito o por correo electrónico de esta cesión al consumidor con el que hubieren firmado el contrato de préstamo garantizado con hipoteca u otro tipo de préstamo con distinta garantía o sin garantía. Esta notificación se realizará de oficio por la entidad financiera en el momento de producirse o a petición del interesado.

El plazo de comunicación no podrá superar, en ningún caso, los cinco días hábiles desde que se produce la titulización del préstamo hipotecario o desde la solicitud de información realizada por la parte deudora hipotecaria, en el caso de los préstamos titulizados antes de la entrada en vigor de esta Ley y en otras situaciones.

La notificación de la información acerca de la titularidad de la deuda se hará mediante correo postal y electrónico, indicándose la identidad del adquirente, así como todos los datos que permitan la identificación de manera sencilla y comprensible de los datos de la titulización. Si la entidad conserva la titularidad del crédito, se hará constar en la información proporcionada la manifestación de que continúa siendo el acreedor.

Asimismo, la proposición de ley contempla un régimen sancionador, considerando una infracción grave que la entidad no notifique la información en plazo, mientras que si la omisión de informar sobre la titulización de una hipoteca afecta a la capacidad de la parte deudora hipotecaria para defenderse en un procedimiento de ejecución hipotecaria, será entendido como una infracción muy grave.


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