Publicado: Martes 24/04/2018

“Si me tengo que quitar de comer, me quito”: La cruel realidad de los recortes del Gobierno en Sanidad que atentan contra los derechos humanos

“Si ahora tengo que pagar el seguro de la casa, este mes no voy a la farmacia a por medicamentos que tengo que pagar, no puedo”, afirma Carmela, una jubilada gallega con un hijo desempleado a su cargo y que ha visto cómo los recortes en Sanidad han elevado despiadadamente su gasto en la farmacia por la salida de multitud de fármacos de la cobertura de la Seguridad Social.


Un caso similar al de José Ignacio, que con una pierna amputada y un tratamiento crónico contra el dolor no siempre puede hacer frente al pago de su medicación: “Una de dos, con el dolor no puedo vivir, o tomo los medicamentos o me tiro por el balcón, si me tengo que quitar de comer, me quito”.

Patricia: “Desde que me noté el bulto en el pecho hasta que me diagnosticaron el cáncer de mama pasaron nueve meses”. Álvaro: “La gravedad no ha cambiado, yo me puedo morir desangrado igual, ¿entonces por qué ahora puedo esperar y antes no?”. Bella: “Me parece muy fuerte que haya dinero para chumineces, para estadios vacíos, para autopistas… y para un sujetador de una persona mastectomizada, no”…

Son solo algunos de los testimonios recogidos por Amnistía Internacional de entre las 243 entrevistas realizadas a pacientes y profesionales de la salud para la elaboración de su último informe publicado este martes, con el que concluye que el gobierno español ha aplicado unas “crueles” medidas de austeridad en materia de Sanidad contrarias a los derechos humanos.

El nuevo informe, titulado “La receta equivocada: El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España”, pone de relieve cómo los recortes llevados a cabo por el Gobierno han tenido un impacto devastador sobre las personas con ingresos más bajos, especialmente las que sufren enfermedades crónicas, las personas con discapacidad y las personas que reciben atención de salud mental, con listas de espera insoportablemente largas y obligando a pacientes a racionar su medicación para ahorrar costes.

“Las medidas de austeridad adoptadas por España están en conflicto directo con la obligación contraída por el gobierno de hacer efectivo el derecho a la salud. Hablamos con pacientes de cáncer que no pueden permitirse los medicamentos que necesitan para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia, y con personas con enfermedades mentales cuya asistencia se ha visto gravemente restringida. Estos recortes no sólo son regresivos: son crueles.”, expresa Sanhita Ambast, investigadora de Amnistía Internacional sobre Salud.

Unos recortes que comenzaron en la atención sanitaria en 2009, tras la crisis económica mundial, pero que se hicieron especialmente sangrantes a partir del Real Decreto Ley 16/2012 introducido por el PP, que incluían trasladar el coste de determinados productos a usuarios y usuarias, limitar la atención sanitaria a disposición de las personas migrantes en situación irregular, y recortar el gasto en personal sanitario, material e infraestructura.

Reducción del personal sanitario

Además de las cargas económicas repercutidas directamente en los bolsillos de los usuarios, el gasto en personal sanitario se ha reducido desde que comenzó la crisis económica, lo que ha provocado salarios más bajos, malas condiciones laborales y contratos inseguros. Esto ha contribuido a que el servicio de salud emplee a menos personal: según datos oficiales, el número de trabajadores del SNS disminuyó en 28.500 entre 2012 y 2014.


Un enfermero contó a Amnistía Internacional: “Sabemos de muchos casos de enfermeros y enfermeras que han dejado su trabajo por el estrés. Muchos atienden hasta 33 casos complejos al día. Tuvieron que dejarlo porque les resultaba imposible”.

Un paciente contó que su médico le había dicho: “Le tengo que recetar un medicamento caro, pero me van a llamar la atención por ello”.

Listas de espera insoportables

En 2010, el tiempo medio de espera para cirugía electiva era de 65 días; en 2016 casi se había duplicado, hasta los 115 días.

Una mujer de 49 años que sufre una enfermedad ósea degenerativa acudió al médico con dolor en la pierna en agosto de 2017. La primera cita disponible con un especialista era en junio de 2018.

Los servicios de salud mental también se han visto muy afectados por las medidas de austeridad, en un momento en que el desempleo y los desahucios, factores de riesgo para la salud mental, han aumentado fuertemente.


El deterioro del material sanitario

El informe de Amnistía Internacional también recoge cómo el material sanitario se ha deteriorado desde la aplicación de los recortes. Por ejemplo, el personal de enfermería dijo que la calidad inferior de las agujas para las pruebas de diabetes hacían que esta prueba resultara más dolorosa para los pacientes.

La organización también entrevistó a personas usuarias de silla de ruedas y a profesionales de la salud que afirmaron que la calidad de las sillas había empeorado después de la crisis.

Una mujer dijo que a menudo le salían úlceras porque el cojín de su silla de ruedas estaba desgastado y no lo podía cambiar, y una doctora expresó preocupación por la eficacia de los frenos de las sillas de ruedas que se proporcionan actualmente.


El Gobierno de España atenta contra los derechos humanos

Amnistía Internacional recuerda que, dados los riesgos para los derechos humanos asociados a la austeridad, los órganos internacionales de derechos humanos elaboraron unas directrices para garantizar que las medidas de austeridad sean conformes con las obligaciones de derechos humanos contraídas por los Estados.

Pero en el caso de España, la conclusión de la organización es que el Gobierno ha incumplido estas directrices en varios puntos, como el no haber realizado previamente a su aplicación una evaluación del impacto en los derechos humanos de las medidas de austeridad, que afectan desproporcionadamente a grupos vulnerables, o que muchos de los cambios introducidos sobre todo a partir del Real Decreto de 2012 continúen en vigor, cuando las directrices establecen que se debe tratar solo de medidas temporales.

En cuanto a la UE, Amnistía Internacional también critica que siga presionando a España en cuanto a la reducción del déficit, sabiendo que se lleva a cabo a través de recortes en el gasto público sanitario de nuestro país con consecuencias devastadoras.

Por todo ello, AI pide al Gobierno de España que tome medidas inmediatas para reformar el RDL 16/2012 y para garantizar que todas las personas tienen acceso a una atención sanitaria de buena calidad. Además, la organización pide también a las instituciones de la UE que realicen evaluaciones del impacto que sobre los derechos humanos tienen todos los programas de reforma económica y asistencia financiera en España.


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