Publicado: Jueves 11/10/2018

Los 10 puntos clave del acuerdo entre Unidos Podemos y Gobierno para los Presupuestos Generales

Tras unos días de incertidumbre por el ultimátum de Unidos Podemos a la Ejecutiva de Pedro Sánchez para que tuviera en cuenta sus medidas para apoyar los Presupuestos Generales de 2019, finalmente la formación morada y el Gobierno han logrado cerrar un acuerdo para las líneas maestras de los PGE, que el presidente del Gobierno podrá llevar a Bruselas el próximo lunes.

 

El pacto ha sido sellado a las nueve de la mañana de este jueves en la Moncloa, con firma y apretón de manos, después de ser cerrado a última hora de este miércoles en una reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, cuyos puntos principales son los siguientes.

1. Subida del salario mínimo interprofesional

El salario mínimo interprofesional (SMI) subirá hasta los 900 euros mensuales considerados en 14 pagas, lo que supone un incremento porcentual del 22,3% respecto al salario medio actual, situado en 735,9 euros mensuales, es decir, 164,1 euros más, la mayor subida en la historia. El impacto presupuestario será de 340 millones de euros.

Uno de los escollos que estaban impidiendo llegar al acuerdo presupuestario era la demanda de Podemos de que el SMI subiera a 1.000 euros al mes, aunque el Gobierno era partidario de quedarse algo por debajo de esta cantidad. El compromiso de alcanzar los 1.000 queda, sin embargo, para el ejercicio 2020. El anterior Gobierno de Mariano Rajoy pretendía llegar solo a los 850 euros en 2020.

“Los salarios mínimos son una potente herramienta social que puede contribuir significativamente a prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico. Para ello deben ser salarios que garanticen a los trabajadores un nivel de vida digno y la satisfacción de sus necesidades y la de sus familias”, afirman las partes en el documento firmado.

2. Recuperación del subsidio para mayores de 52 años

En el acuerdo se establece también la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que actualmente se encuentra en 55 años, cuyo impacto presupuestario se cifra en 323 millones de euros.

Tras los recortes que experimentó este subsidio en 2012 y 2013 y la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el requisito de carecer de rentas familiares, el modelo pactado entre el Gobierno y Podemos restablece que el cómputo de las rentas de los posibles beneficiarios del subsidio se realice sobre la base de las personas beneficiarias y no sobre la unidad familiar.

Asimismo, se suprimirá la obligación de los beneficiarios del subsidio de tener que jubilarse anticipadamente y se recupera la base mínima de cotización del 125% del SMI durante la percepción de esta ayuda.

Esta medida formará parte, según el documento, del plan de parados de larga duración y se acompañará del reforzamiento de políticas activas de formación y empleo para los perceptores de este subsidio.

3. Derogación de los aspectos “más lesivos” de la reforma laboral

Gobierno y Unidos Podemos también han acordado que en 2019 se sustituyan los diferentes programas extraordinarios de protección por desempleo (Prepara, PAE y SED) por una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo. El objetivo es darle estabilidad y elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección.

Con el fin de “recuperar un modelo de relaciones laborales más equilibrado y garantista, donde el trabajo digno, de calidad y con derechos sea la premisa fundametal”, el Ejecutivo y Unidos Podemos han pactado algunas medidas a ejecutar antes de finalizar 2018 que, en la práctica, suponen derogar los aspectos “más lesivos” de la reforma laboral.

Se trata de ampliar la ‘ultraactividad’ del convenio colectivo (limitada a un año por la reforma laboral de 2012); revisar las causas y el procedimiento que siguen las empresas para modificar de manera sustancial las condiciones de trabajo; reducir la dualidad entre trabajadores fijos y temporales y la inestibilidad y rotación laboral mediante la desvinculación del contrato de obra o servicio de la realización de trabajos en contratas, subcontratas o concesiones administrativas, y reforzar la obligación de que el horario laboral conste expresamente en el contrato a tiempo parcial.

En el documento presupuestario firmado se insta además a concluir de manera urgente la tramitación parlamentaria de varias proposiciones de ley: la de igualdad en las condiciones laborales de los trabadores subcontratados; la del registro horario de los trabajadores, y las que persiguen la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la igualdad de trato en el empleo.

4. Cotización de los autónomos

Gobierno y Unidos Podemos han acordado reformar en 2019 el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a sus ingresos reales, garantizando a los que tengan menores ingresos una cotización más baja.

Ambas partes han acordado también combatir, antes de finalizar 2018, la proliferación de los llamados ‘falsos autónomos’ a través de una serie de medidas, entre ellas el establecimiento en la ley de la presunción de que, salvo prueba en contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena la prestación de servicios en la que los ingresos obtenidos por los trabajadores procedan de un único cliente o empleador.

También han pactado evaluar y revisar, en un plazo de cuatro meses, el régimen especial de criterio de caja en el IVA para hacerlo atractivo a autónomos y pequeñas empresas y conseguir que sea un sistema efectivo de diferimiento de ingresos del IVA hasta el cobro de sus facturas.

5. Acuerdos sobre Vivienda

Además del aumento del presupuesto para el Plan Estatal de Vivienda, que subirá un 38% en 2019 hasta 630 millones de euros, 700 en 2020 y 1.000 en 2021, el acuerdo de Unidos Podemos y Gobierno trae importantes novedades.

La más destacada es que los ayuntamientos podrán regular y limitar las subidas abusivas de los precios de los alquileres que afectan a numerosas ciudades españolas, con el compromiso de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos a lo largo de 2019, y de habilitar a los ayuntamientos “para la elaboración de de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica”.

En cuanto a las viviendas de alquiler turístico, que elevan los precios, “se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio”.

Por otro lado, la duración de los contratos de alquiler pasará de tres a cinco años para los propietarios que son personas físicas y a siete para las personas jurídicas, y se eleva la prórroga mínima del contrato a tres años, con la notificación previa para ambas partes de cancelación del contrato de seis meses de antelación.

Además, el Gobierno se compromete a poner a disposición 20.000 viviendas en alquiler a precio asequible en el plazo de cuatro años que tendrán carácter estrictamente social y no puedan ser explotadas por fondos buitre.

Sobre los desahucios, se impulsará la aprobación parlamentaria de normativas que refuercen la protección de las personas con hipoteca, la transparencia de las condiciones de contratación y la coordinación entre los órganos judiciales y la política social para dar una alternativa habitacional rápida a las familias con necesidades.

6. Transición energética y beneficios de las eléctricas

Gobierno y Unidos Podemos ha acordado realizar una reforma “profunda” del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que “cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.

Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se pondrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales.

Además, para garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para que las administraciones públicas y los servicios sociales den la protección necesaria a las personas vulnerables, y han acordado presentar en el plazo de cuatro meses una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

En cuanto a fomentar el autoconsumo eléctrico, han pactado establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad.

También se introducirán modificaciones en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 para dotar de estabilidad al marco retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y se dotará de continuidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el nuevo periodo 2021-2030, que contará con al menos 200 millones de euros anuales que serán aportados por las empresas comercializadoras de la electricidad.

El texto firmado se expresa la voluntad de “acabar” con los “beneficios caídos del cielo” o “sobrerretribución” que reciben en el mercado mayorista tecnologías de generación que “fueron instaladas en un marco regulatorio anterior a la liberalización” por considerar que “han recuperado sobradamente sus costes de inversión”.

7. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles

Equiparación progresiva del permiso de paternidad al de maternidad, actualmente de cinco semanas. En 2019, dicho permiso se ampliará a ocho semanas, lo que supondrá un coste de 300 millones de euros. En 2020, subirá a 12; y ya en 2021, alcanzará las 16 semanas de duración, igualando el permiso de maternidad.

Según consta en el documento, la equiparación del permiso “deberá establecerse en términos de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%”. “La equiparación de estos permisos conlleva costes económicos, dado que, a causa de su duración, serán necesarias sustituciones”, señala el acuerdo.

8. Aumento de las ayudas a la dependencia

El acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos incluye un incremento significativo del presupuesto para dependencia de 515 millones, un 40% más que en 2018, pero lejos de los 1.700 millones de euros que Unidos Podemos ha exigido hasta el último momento para atender a las 300.000 personas que tienen aprobada la ayuda y no la reciben.

La suma de 515 millones no permitirá, por tanto, acabar con la lista de espera de los dependientes más graves, según los expertos, que estiman que se necesitan 200 millones más solo para eso.

9. Subida de impuestos a las rentas más altas

Unidos Podemos y Gobierno han pactado la subida del IRPF para rentas altas creando dos nuevos tramos: se elevará en dos puntos el gravamen para rentas superiores a 130.000 euros (el Gobierno quería dejarlo en 140.000 euros y Unidos Podemos exigía la subida a partir de 120.000 euros) y se subirá la presión en cuatro puntos sobre rentas de más de 300.000 euros.

Por otro lado, se elevará el impuesto de Patrimonio un punto porcentual para las fortunas superiores a los 10 millones de euros. Actualmente, el gravamen par este tramo de patrimonio es del 2,5%.

Se establece también un tipo mínimo de Sociedades del 15% para grandes empresas (18% para banca y petroleras), rebajarlo del 25% al 23% para pymes y gravar el 5% de los dividendos de las filiales en el extranjero.

Además, se creará un impuesto sobre las transacciones financieras que grave al 0,2% las operaciones sobre acciones de firmas cotizadas con un volumen de capitalización superior a 1.000 millones de euros.

El acuerdo también devuelve el control sobre las Sicavs a la Agencia Tributaria, en lugar de la CNMV, y establece un gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos de las Socimis, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

Por otro lado, se establecerá una tasa tecnológica sobre los negocios digitales que gravará al 3% los servicios de publicidad en línea, intermediación online y venta de datos de usuarios, para compañías con ingresos anuales globales de al menos 750 millones y superiores a tres millones en España.

El pacto incluye reforzar las medidas de lucha contra el fraude fiscal, incluyendo un mayor control de los paraísos fiscales y la prohibición de amnistías fiscales.

10. Nueva ley de violencia sexual

El acuerdo incluye la aprobación de una norma integral de violencia sexual con el objetivo de “blindar que solo sí es sí”, de manera que todas las conductas sexuales sin consentimiento sean una agresión sexual.

De esta manera, se elimina la distinción entre abuso y agresión que contempla el actual Código Penal, en la que se apoyó la polémica condena a los cinco miembros de ‘la manada’ por abuso sexual.

La ley que será impulsada en la que se incorpora esta medida es la Ley Integral de Libertad Sexual, registrada el pasado mes de julio por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, e incluirá todo un marco integral de medidas sociales, de reparación y de protección para las víctimas de violencia sexual.

A parte de estos acuerdos, el texto incluye otros como, por ejemplo, la rebaja del IVA para los productos de higiene femenina (que pasarán del 10% al 4% superreducido), la regulación de la publicidad de los juegos de azar y lasa apuestas online, un acuerdo para mejorar las becas y la reducción de las tasas universitarias, la reforma de la ley electoral con regulación de mailing conjunto y listas cremallera obligatorias o la derogación del artículo 315.3 del código penal que persigue a los sindicalistas, entre otras.

Unidos Podemos-PSOE-Presupuestos


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