Publicado: Viernes 26/10/2018

Cuatro días de encierro de las víctimas del terremoto de Lorca: El Gobierno del PP endeuda a las familias pidiendo la devolución de las ayudas

Más de siete años después del terremoto de Lorca que el 11 de mayo de 2011 causó 9 víctimas mortales y daños en el 80% de los inmuebles del municipio murciano de 90.000 habitantes, los afectados por la tragedia aún no han podido cerrar las heridas de la catástrofe, atrapados en una maraña burocrática que les obligaba a devolver las ayudas públicas recibidas en su momento, llegando a sufrir incluso embargos de sus cuentas.

La angustia vivida ante esta situación por las familias afectadas y tras ver que las vías administrativas abiertas en busca de una solución a sus problemas no conducían a parte alguna excepto a promesas que no cristalizaban nunca, ha llevado a las víctimas del terremoto a decidir encerrarse en el Ayuntamiento de la localidad para dar una visibilización al problema y lograr una respuesta real de la Administración, en el que permanecen día y noche desde el martes pasado.

Tras tantos años transcurridos y a pesar de la supuesta prescripción de los plazos para esta reclamación, el Gobierno de la Región de Murcia, en manos del Partido Popular, ha estado exigiendo a cerca de 3.000 familias que devuelvan estas subvenciones económicas, que fueron concedidas a medias por el Estado y la comunidad autónoma para sufragar la rehabilitación de sus viviendas destruidas por el terremoto.

Así, a través de la Agencia Regional de Recaudación, se ha estado procediendo al embargo de las cuentas bancarias de, al menos, tres familias, mientras ha estado remitiendo centenares de requerimientos de reintegros de las ayudas.

“Las obras de mi casa costaron 50.000 euros. Del Consorcio y la Comunidad Autónoma recibí unos 40.000. Ahora me dicen que tengo que devolver la ayuda, que de lo contrario me embargarán”.

“Lo he justificado todo con facturas, pero hace 15 días me enviaron la carta de pago. Aunque lo gasté todo en obras, me piden 9.500 euros que me dieron en ayudas y unos 1.200 euros de intereses”.

“Me reclaman la devolución de 3.500 euros. He presentado las facturas tres veces. En la primera faltaba justificación de pago, luego un sello…”.

Son algunos de los testimonios de las personas afectadas que han estado encerradas en el Ayuntamiento lorquino durante cuatro días.

Crónica de un terremoto que no cesa

La pesadilla comenzó en 2017, cuando el ejecutivo autonómico comenzó a enviar masivamente cartas a los afectados requiriendo que justificaran las ayudas concedidas hacía seis años, cuando la Ley de Subvenciones establece que “a los cuatro años, prescribe el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro”.

Habiendo pasado ya cinco años, la mayor parte de los vecinos ya no conservan las facturas ni puede pedírselas a las empresas que ejecutaron las obras, puesto que la mayor parte de estas ya ni siquiera existe. Pero, además, los vecinos que sí han podido enviar las facturas porque aún las conservaban, tampoco han visto cerrarse sus expedientes tras responder al requerimiento, envueltos en un laberinto administrativo que les ponía una pega tras otra, como la falta de un sello ahora o una firma después, mientras la Administración ha continuado exigiéndoles la devolución de las ayudas económicas recibidas.

Ante esta situación de desprotección, alrededor de unas 500 familias afectadas decidieron organizarse en la Plataforma de Afectados por la Devolución de las Ayudas de los Terremotos y comenzaron a enviar en los últimos meses más de un millar de alegaciones y recursos de reposición que no surtían efecto, pero logrando con la presión vecinal que en julio de este año todos los grupos con representación en el parlamento autonómico aprobaran una ley (8/2018, de ayudas de Lorca) que pretendía facilitar la justificación de las subvenciones.

Según esta ley, mediante el procedimiento de aportar una “cuenta justificativa simplificada” y un informe técnico municipal que acredite que los vecinos gastaron el dinero en las obras de reparación de sus viviendas, las familias podrían constatar el uso del dinero recibido. Sin embargo, en los últimos meses centenares de afectados han estado solicitando acogerse a esta ley sin que, no solo la Consejería de Fomento haya procedido al cierre de los expedientes, sino que incluso en los días previos al encierro en el Ayuntamiento se han llegado a ejecutar tres órdenes de embargo a tres familias que han quedado en una situación absoluta de desprotección al ver cómo sus cuentas bancarias eran expoliadas sin previo aviso.

Esta situación de desamparo y angustia es la que ha conducido al encierro de las víctimas en el Consistorio lorquino, que se ha prolongado durante cuatro días y que se plantea como indefinido hasta lograr los objetivos: la devolución de las cantidades embargas, la paralización de los expedientes de reintegro, que se archiven de manera inmediata las ayudas ya prescritas y que la Consejería de Fomento proceda a la aplicación de la Ley 8/2018 que permite a los afectados justificar las ayudas mediante un procedimiento simplificado.

La luz al final del túnel y el camino por recorrer

La presión ejercida por la plataforma y el espíritu de lucha de estos vecinos de Lorca, en su mayoría pensionistas, encerrados día y noche en el Ayuntamiento de su localidad, ha forzado a un movimiento de la Administración que llega este viernes, cuatro días después, en forma de respuesta a uno de los requerimientos de la plataforma: las notificaciones de paralización de la vía de apremio, es decir, de los embargos a las familias afectadas por la devolución de las ayudas.

“La movilización y el impresionante esfuerzo que están haciendo los vecinos afectados va dando sus frutos. Seguimos, porque aún queda camino que recorrer”, publica la plataforma en su cuenta oficial de Facebook, en la que muestra una de las cartas recibidas, firmada por el director general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia, José Antonio Fernández Lladó.

La paralización de los embargos es un primer paso, ya que retira, al menos temporalmente, la espada de Damocles sobre las familias, pero advierten que “aún queda mucho camino por recorrer”, ya que sigue faltando que se constate la devolución efectiva de las cantidades embargadas, entre otras cosas.

El objetivo final para la plataforma es la consecución del reconocimiento por parte de la Administración de que el plazo para la reclamación de las ayudas ya había prescrito cuando comenzaron a llegar las cartas y los embargos, y que puedan quedar así ya archivados todos los expedientes y, con ellos, la agonía de estas familias que aún no han podido cerrar las heridas del terremoto siete años después.

Con su gesto, estos vecinos de Lorca también han querido enviar un mensaje a los damnificados por las recientes catástrofes producidas por las lluvias en localidades de Mallorca, Málaga o la Comunidad Valenciana, para que las familias que reciban ayudas por la declaración de zonas catastróficas no tengan que pasar también en el futuro por el calvario lorquino.

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