Publicado: Sábado 3/11/2018

En Comú acusa de negligencia a Anticorrupción por no actuar contra el Santander en una operación alemana antifraude

En Comú Podem cree que la Fiscalía Anticorrupción fue negligente al no autorizar el registro pedido por la Fiscalía de Colonia (Alemania) de las sedes del Santander, en el marco de una operación contra el fraude fiscal a nivel europeo.

Para la formación catalana integrada en Unidos Podemos, la decisión del fiscal español Luis Rodríguez Sol de solicitar directamente estas evidencias a la entidad financiera, en lugar de autorizar el registro, supone “una broma de mal gusto”.

Así se lo hace saber al Gobierno el portavoz de Hacienda de En Comú Podem, Josep Vendrell, quien en una batería de preguntas registradas en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, critica que España sea uno de los pocos países en los que aún no se ha iniciado una investigación sobre este caso.

Vendrell se hace eco así de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Colonia sobre la que podría constituir el mayor desfalco a las arcas públicas de siempre en Alemania, publicada por un consorcio internacional de medios de comunicación en el que se encuentra ‘El Confidencial’ y que involucra, entre otras entidades, al Banco del Santander.

LA AEAT FUE ADVERTIDA PERO DESCARTO EL FRAUDE

Según expone el diputado de Unidos Podemos, funcionarios de Dinamarca, uno de los países más afectados por la trama, advirtieron a la Agencia Tributaria hace ya dos años, pero se llegó a descartar la existencia de este fraude por concluir que España contaba con uno de los sistemas de recogida de información más robusto.

Sin embargo, las informaciones que cita Vendrell apuntan a que técnicamente es posible que se haya dado cuando los participantes han actuado de forma concertada, una de las circunstancias de este caso. Los implicados se ponían de acuerdo para obtener la devolución de ayudas fiscales superiores a la retención aplicada por la autoridad fiscal.

La presunta trama delictiva se basaba, según relata el diputado, en la compraventa de acciones en torno a la fecha en que las compañías cotizadas abonaban sus dividendos, en operaciones coordinadas para generar reembolsos fiscales a los que los solicitantes realmente no tenían derecho. Las cantidades investigadas podrían alcanzar a decenas de millones de euros por demandante en un sólo año.


EL PAPEL DEL SANTANDER
AnabotinSegún la investigación la filial del banco británico Abbey National, adquirido por el Santander en 2004, ejerció como vendedor a corto o al descubierto para la presunta trama criminal, un papel tan destacado hasta el punto de que, sin su actuación, la supuesta estafa no habría sido posible.

Otra de las posibles implicaciones que afectaría al Santander sería que la propia entidad española habría actuado como financiador de varias operaciones de la trama, y que las cifras alcanzaban sumas tan altas que, según la investigación citada por las informaciones aludidas por En Comú, cualquier banco que prestaba dinero para estas operaciones “conocían perfectamente la naturaleza del negocio”, supervisando incluso las transacciones.


SE PREFIRIÓ PEDIRLE AL BANCO LA DOCUMENTACIÓN
Pese a ello, Vendrell lamenta que la Fiscalía Anticorrupción no atendiera a la comisión rogatoria lanzada en julio de 2014 desde la Fiscalía de Colonia en la que se solicitaba “la entrada y registro” a “todos los edificios” del Banco Santander en Madrid para “la incautación de evidencias”.

Y es que, según relata el diputado haciéndose eco de la investigación alemana, el Santander “participó como bróker en operaciones de valores para sociedades de fondos utilizadas por la trama para presentar solicitudes de devolución de impuestos, aun a sabiendas de que no se cumplían los requisitos necesarios para el reembolso.


Sin embargo, lamenta que en lugar de organizar el registro, Anticorrupción hiciera llegar un requerimiento a la entidad, que envió la documentación que consideraba necesaria a Colonia. Según las declaraciones del fiscal en las informaciones aludidas por Vendrell, la pretensión de registrar la Ciudad del Santander “era desproporcionada” y “no había demasiadas pruebas de una posible implicación del banco en el presunto fraude”.


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