La fiscalía de Valencia investiga a Alberto Fabra por malversación de fondos en la F1

Un nuevo caso de corrupción se cierne sobre el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, afectando directamente al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sustituto del ya juzgado Francisco Camps. Tras los escándalos de la Gürtel, Emarsa, Nóos, y el caso de la Cooperación, llega ahora el de la empresa Valmor, relacionada con el fracaso del circuito de la Fórmula 1 y comprada por el PP valenciano por el simbólico precio de 1 euro, pero por la que los valencianos tendrán que asumir 34 millones de su deuda con dinero público.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha iniciado diligencias de investigación penal por un supuesto delito de malversación de dinero público en la compra por el Gobierno valenciano de Valmor, la empresa que gestionaba la Fórmula 1 en Valencia.

La Fiscalía ha admitido la denuncia presentado por el grupo socialista de Les Corts Valencianes el pasado 25 de abril, que pedía que se investigara la compra de ese empresa «sin ningún informe jurídico ni económico, ningún expediente administrativo, sin motivo alguno y sin que esté claro el interés general que ha motivado a ese desvío de dinero público».

La diputada socialista Eva Martínez ha explicado que la denuncia se presentó contra el president de la Generalitat, Alberto Fabra, y contra todos los miembros de su Gobierno en diciembre de 2011, fecha en que se acordó la compra de esa empresa por el precio simbólico de un euro.

De esta forma, ha dicho, se va a investigar, además de a Fabra, al vicepresidente, José Císcar, a los actuales consellers Isabel Bonig y Serafín Castellano, y a los exconsellers Dolores Johnson, José Manuel Vela, Enrique Verdeguer, Maritina Hernández y Paula Sánchez de León, actual delegada del Gobierno en la Comunitat.

La Fiscalía ha designado fiscal instructor y, según ha explicado la diputada, está investigando ya la compra de Valmor y todos los contratos previos a la misma.

«Es un hecho gravísimo que el presidente de una Comunidad autónoma esté siendo investigado por la Fiscalía», ha indicado Martínez, quien ha alertado de que se trata de un «supuesto similar» al que ya se vivió con el expresident de la Generalitat Francisco Camps.

El «propio caso de corrupción» del actual presidente Alberto Fabra

Ha señalado que se trata del «propio caso de corrupción» de Fabra, pues ya no son «casos heredados de la era de Camps», como Gürtel, Emarsa, Nóos o el caso cooperación, y ha considerado que tendría que aplicarse «su línea roja» y ya que no ha respondido políticamente hacerlo ante los fiscales, la policía y los jueces.»Se ha comprado una empresa privada en quiebra sin necesidad», ya que no se llevaba a cabo «ningún servicio público» y se destinó dinero de los valencianos a «exonerar de responsabilidades» a una empresa que «jamás» organizó ninguna prueba de la Fórmula Uno, pues desde 2008 a 2012 todo lo hizo la empresa Circuito del Motor.

Según la socialista, la decisión «errónea e ilegal de comprar Valmor» ha producido que los valencianos tengan que asumir 34 millones de euros de deuda de esa empresa y que se hayan condonado 14 millones de euros que Valmor debía a Circuito del Motor. Todo ello, ha añadido, «sin necesidad, puesto que ya no se iban a celebrar más premios de Fórmula Uno» en Valencia.

Martínez ha calificado de falsa la disyuntiva esgrimida por el Consell de que o se compraba Valmor o había que pagar una indemnización, pues el último contrato «acredita y deja fuera de toda duda que la Generalitar era copromotora del evento, y por tanto no necesitaba a Valmor para continuar con la Fórmula Uno».

Un delito tipificado con pena de prisión de tres a seis años

La diputada ha indicado que el delito que se investiga está tipificado con pena de prisión de tres a seis años más unas indemnizaciones, y se ha mostrado convencida de que la Fiscalía hará bien su trabajo, como en otras denuncias previas del PSPV.

Durante la sesión de control en el pleno de Les Corts, la consellera de Cultura, María José Catalá, ha indicado que, de no haberse efectuado esa compra, se habría tenido que pagar una indemnización de 71 millones de dólares, y ha añadido que «eso se llama interés general».

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha indicado que «no toda denuncia acaba en un proceso» y ha considerado que no se debe «entrar a discutir» si una decisión judicial «gusta o no». (EFE)