La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está cada vez más en el punto de mira en el caso Púnica de corrupción que afecta al Partido Popular, después de que el que fuera número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, haya pedido su imputación por la financiación ilegal del partido en Madrid, según desvela el diario El Español.
En dicho informe, la Guardia Civil señala la relación entre la empresa Laboratorio de Almagro 26 SL y la caja B del PP, con la que habrían sufragado las campañas electorales del partido para concurrir a las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, fechas en las que Cifuentes era vicepresidenta y portavoz de la Consejería de Presidencia en la Asamblea de Madrid.
De hecho, Cifuentes ya está citada a declarar en el juicio en calidad de testigo, pero Granados pretende ahora que se cambie “la naturaleza judicial y procesal” de su citación para que sea llamada como imputada. Para la defensa de Granados, las imputaciones de Aguirre y Cifuentes en el caso son “imprescindibles”.
En el caso de Cifuentes, el escrito sostiene que debe ser imputada por haber sido responsable de dirigentes políticos y de la movilización del Comité de Campaña electoral del PP de Madrid en 2007, además de haber sido secretaria de Política Territorial del partido a nivel regional entre 2004 y 2008.
De este modo, según el diario, la estrategia de la defensa de Francisco Granados se basaría en intentar acreditar que los pilares de la trama Púnica no pasan por su responsabilidad, sino por ICM, Arpegio y el Canal de Isabel II, bajo el control de Ignacio González.
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