Tras el hallazgo de nuevas pruebas que acreditarían la financiación ilegal del PP de Madrid desde 2004, la Audiencia Nacional ha emprendido, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, una nueva fase en la investigación en esta pieza de la trama Púnica que mantiene bajo secreto el juez Eloy Velasco.
La nueva fase se inicia tras el estudio de la “ingente cantidad de documentación, tanto en soporte físico como digital”, que fue intervenida en los anteriores registros practicados, como el de la sede regional del PP en la calle Génova de Madrid o la documentación confidencial requisada en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, que destaparía la ‘caja B’ del partido con la que los populares madrileños habrían sufragado en los últimos años campañas electorales y actos del PP.
Esta financiación en negro de las campañas electorales se habría llevado a cabo a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), una fundación creada por el PP en la época de Esperanza Aguirre, que habría recibido grandes sumas de dinero de empresarios afines al partido a cambio de contratos públicos, según publica este miércoles el diario El País.
En este sentido, el juez Velasco ha interrogado hoy como imputados al exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, José Echevarría, al empresario Arturo Fernández y al exgerente del PP Beltrán Gutiérrez.
Echevarría ha respondido a cuestiones relacionadas con su etapa como tesorero del PP regional y Fernández ha contestado sobre Fudescam.
En este sentido, el juez Velasco ha interrogado hoy como imputados al exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, José Echevarría, al empresario Arturo Fernández y al exgerente del PP Beltrán Gutiérrez.
Echevarría ha respondido a cuestiones relacionadas con su etapa como tesorero del PP regional y Fernández ha contestado sobre Fudescam. Beltrán Gutiérrez se mantiene imputado por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, al igual que el empresario Javier López Madrid, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y a su socio David Marjaliza.
Según documentos incluidos en el sumario de la trama, Granados reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos a Beltrán Gutiérrez de hasta dos millones de euros. La documentación manejada por el juez Velasco también estaría salpicando al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González –sucesor de Esperanza Aguirre– y otros altos cargos del PP de los últimos 16 años, algunos de los cuales estarían ocupando ahora puestos de responsabilidad en el Gobierno de Cristina Cifuentes. (Postdigital/Agencias)
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