El Juez mantiene en prisión a Ignacio González por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por la defensa del expresidente madrileño Ignacio González contra la prisión incondicional dictada por el juez Eloy Velasco, que instruía hasta hace una semana el ‘caso Lezo’, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan y a que considera que sigue habiendo riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El auto de la Sala concluye que González podría estar implicado en la «financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid» a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero, en la expansión del Canal de Isabel II por Sudamérica y en la adjudicación presuntamente fraudulenta de Gold Canal.

Tiene familiares investigados

Además, resalta que la «necesidad de apoyo familiar en estos momentos tampoco minimiza el riesgo de fuga», ya que hay «otros miembros de su familia investigados y que podrían llegar a estar en sus mismas circunstancias». En este punto, recuerda que su hermano, Pablo González, está también en prisión por este caso bajo fianza de cuatro millones de euros.

Sobre la notoriedad pública que alega la defensa para descartar el riesgo de fuga, la Sala determina que en otros países no es así de conocido y, por tanto, «podría buscar refugio en los que haya menor nivel de cooperación policial y judicial con España».

Y en cuanto al riesgo de ocultación de pruebas y «obstaculizar la investigación», la Sección Cuarta destaca que en el marco de la ‘operación Lezo’ se está analizando «múltiple documentación intervenida» que podría llevar a abrir «más líneas de investigación».

Rechaza también el recurso de Richmond

Los magistrados entienden que su implicación en la compra en 2013 de Emissao por parte de la empresa pública de aguas por un importe de 23 millones de euros son lo suficientemente graves como para mantener la prisión provisional que acordó el juez, que le impuso la fianza más alta junto con Pablo González.

El auto recoge que se trató de una compra irregular concebida para desviar dinero público madrileño y con la que se enriqueció «injustamente a determinadas personas». Además responde a su defensa que la fianza no es desproporcionada y que existe riesgo de ocultación de pruebas y de que obstaculice la investigación.

La Sala también aprecia que se tome «en consideración» el riesgo de fuga de la investigada, para quien la Fiscalía pidió prisión incondicional, no tanto en relación con el ámbito del arraigo sino con que pueda sustraerse de la acción de la Justicia. La exdirectiva ingresó en prisión el pasado 20 de abril tras prestar declaración ante el entonces magistrado instructor del caso.