Prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente y siete exconsejeros de la Generalitat catalana acusados de rebelión y sedición

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado el ingreso en prisión incondicional sin posibilidad de fianza para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, siguiendo la petición de la Fiscalía, que planteaba la posibilidad de riesgo de reiteración delictiva y de fuga.

El único que podrá eludir la prisión con el pago de una fianza de 50.000 euros será el exresponsable de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, que dimitió del gobierno catalán un día antes de la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre.

En su auto, de 19 páginas, la juez señala que “no puede olvidarse el poder adquisitivo” de los consejeros cesados para los que ha adoptado esta medida cautelar porque les permite “abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero”.

En este punto recuerda el hecho de que algunos querellados ya se han desplazados a otros países “eludiendo las responsabilidades penales” en las que puedan haber incurrido, en clara referencia aunque sin citarle a Puigdemont y otros cuatro consejeros que permanecen en Bruselas.

Han entrado así en la prisión de Estremera el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Joaquim Forn (Interior), Raúl Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), mientras que las exconsejeras Meritxell Borràs (Gobernación) y Dolors Bassa (Trabajo) han ingresado en la cárcel de Alcalá Meco.

Los exconsejeros se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por delito de rebelión, quince por sedición y ocho años por delito de malversación, que puede elevarse incluso a diez en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad. Según la jueza, cobra “especial importancia el papel de todos los querellados desde sus cargos públicos sin los cuáles el proceso independentista no hubiera podido impulsarse”

El auto de prisión añade que la acción del gobierno de Cataluña cesado el pasado 27 de octubre “fue meditada y perfectamente preparada y organizada” y que durante más de dos años ha venido incumpliendo de forma sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional “en pro de la independencia”.

En este punto se refiere a Turull y Forn –que accedieron a sus respectivas consejerías el 14 de julio de 2017– y apunta que “no puede desconocerse la multitud de actuaciones que en el desarrollo del proceso independentista” han llevado a cabo desde entonces. Matiza, en todo caso, que todos ellos jugaron “un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudiera desviarles de su finalidad”.

Señala a ANC y Òmnium como el “brazo civil del levantamiento”

Además, la magistrada añade que los investigados vienen operando “dentro de un grupo perfectamente organizado de personas” apoyados por asociaciones soberanistas “con poder y capacidad para auxiliarles de la Justicia” y que actúan como “brazo civil del levantamiento”. Algunos de ellos, recuerda, pertenecen a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, “que ha jugado un papel decisivo en el proceso”. Por su implicación en estos hechos se encuentran en prisión por orden de esta misma juez Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las dos asociaciones.

Por otro lado, Lamela considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva teniendo en cuenta que todas las actividades investigadas “se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años” con excepción de los dos consejeros antes mencionados.

En cuanto a las alegaciones de las defensas de que no han tenido tiempo suficiente para estudiar la querella, la magistrada dice que ninguno de estos abogados ha solicitado la suspensión de las declaraciones de este jueves “con excepción de Vila”. Añade que la Ley permite al procesado declarar cuantas veces quiera, por lo que no considera que se haya producido indefensión alguna.

Al igual que expuso cuando admitió a trámite la querella de la Fiscalía, Lamela recuerda la existencia de un documento denominado EnfoCATs que establecía una hoja de ruta para alcanzar la independencia de Cataluña así como el papel que debería jugar los actores en el mismo.

Respecto a Rull dice que puso de manifiesto el “rechazo institucional” al contingente policial desplazado a Cataluña. De Bassa expone que efectuó un comunicado desde el Departamento de Trabajo que dirigía alentando a la convocatoria de huelga del pasado mes de octubre, mientras que de Borràs dice que adoptó “medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum”; de ahí el delito de malversación.

Supuesto aliento a la “insurrección pública”

También alude que en ejecución de dicho plan los investigados “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado ocupando, al efecto, carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un “incesante acoso”.

En este contexto la magistrada de la Audiencia Nacional apunta a la actuación del presidente de la Generalitat cesado quien, de cara a poder celebrar el referéndum catalán del pasado 1 de octubre, remitió una carta a los alcaldes de Cataluña pidiéndoles que pusieran a disposición locales municipales para la celebración del referéndum. Algunos ediles desatendieron la solicitud, lo que motivó que dos días después, y acompañado por Jordi Sànchez (ANC) hiciera un llamamiento al enfrentamiento contra estos.

La jueza también señala el llamamiento a la huelga general del pasado 3 de octubre “que nada tuvo que ver con una reclamación de derechos o mejora de las condiciones laborales”, sino que “todo era a favor del proceso independentista” y apunta las “actitudes de rechazo” por parte de las instituciones y la sociedad civil contra los funcionarios y la Guardia Civil en Cataluña.