Todos los imputados por el caso Terra Mítica piden la prescripción de sus delitos

Las defensas de los 35 acusados en el macrojuicio del caso Terra Mítica han solicitado este martes de forma unánime la «prescripción general» de los delitos contra la Hacienda pública y falsedad, y han solicitado a la sala que se pronuncie sobre esta petición antes de proseguir con el juicio.

Esta mañana se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia la segunda sesión de este macrojuicio, en el que se juzga un supuesto fraude superior a los cuatro millones de euros en el que habrían colaborado exdirectivos de este parque de atracciones ubicado en Benidorm y decenas de empresarios, mediante la presentación de facturas falsas.

Concretamente, se atribuyen a los 35 procesados delitos contra la Hacienda pública, estafa y falsedad en documento mercantil y los cuatro ex altos cargos de Terra Mítica se enfrentan a penas de prisión que oscilan entre los siete y los diez años, según la petición del Ministerio Fiscal.

Al igual que la de ayer, y previsiblemente las dos próximas, la jornada de hoy se ha dedicado a cuestiones previas planteadas por las defensas, que han insistido en la prescripción de los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda pública, y han reclamado con insistencia un pronunciamiento previo de los magistrados al respecto.

En la sesión de hoy, que ha durado dos horas, han concluido las exposiciones de las cuestiones previas por parte de las defensas, de forma que mañana deberán responder a las mismas las acusaciones (Fiscalía, Terra Mítica y Abogacía del Estado) y previsiblemente el jueves deberá responder la sala a estas mismas peticiones.

El primero en intervenir ha sido el letrado del empresario Ginés Avilés, quien ha reclamado que se deje fuera del proceso a su representado por la «inconcreción, imprecisión y abstracción de las acusaciones» contra él.

Se ha referido concretamente al escrito de acusación del Ministerio Público que «de 56 folios únicamente dedica dos líneas» a Avilés para atribuirle «una participación universal, aplicable a todos los delitos», una fórmula que este letrado considera «inadmisible».

En sus exposiciones, los letrados han expresado sus quejas por la dilación del proceso, ya que se juzgan hechos delictivos supuestamente cometidos hace quince años, así como por la apertura de diligencias «al límite de la prescripción» o lo que consideran una «instrucción errática».

También, en el ámbito formal, un letrado ha protestado por la distancia con la presidencia de la sala, porque le resultaba complicado exponer «tras una muralla de togas» y por el mal funcionamiento de uno de los altavoces.

Otra letrada ha expresado su apoyo a las reclamaciones formuladas ayer por los abogados del turno de oficio grave, que pidieron la suspensión del juicio hasta que la Conselleria de Justicia no garantice, mediante convenio, unas retribuciones acordes con la excepcionalidad del proceso.

A juicio de esta abogada, los acusados representados por letrados del turno de oficio habrán añadido «miedo» a su situación, al comprobar la «desigualdad que conlleva su defensa» frente al resto de acusados.

(Agencias)