La Audiencia Nacional ordena la imputación de la antigua cúpula del Banco de España al estimar “indicios de criminalidad” en la salida a bolsa de Bankia

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez que instruye el caso Bankia, Fernando Andreu, que cite a declarar como investigados (imputados) a los máximos responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenían bajo su competencia la supervisión de la entidad nacionalizada en el momento de su constitución y posterior inicio de su re-privatización por las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad.

Los magistrados de la Audiencia Nacional admiten así parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a bolsa de la entidad financiera, y atienden a la acusación popular, que ha insistido en varias ocasiones en la imputación de la antigua cúpula del Banco de España mientras el juez Andreu se negaba a citar a los responsables.

De esta manera, la Audiencia Nacional solicita que Andreu llame a declarar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que fuera su número dos, Fernando Restoy, y otros responsables de la entidad: Pedro Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui. También pide al juez Andreu que llame a declarar como investigado al expresidente de la CNMV Julio Segura.

Tras conocerse las imputaciones, el Banco de España ha anunciado que tres de los directivos actualmente en el cargo que han sido llamados a declarar han presentado su renuncia. Según la nota, han presentado su renuncia el Director General Adjunto de Supervisión, Pedro Comín, el Director General de Supervisión, Mariano Herrera García-Canturri, y el Director del Departamento de Inspección IV, Pedro González González.

El auto judicial de la Audiencia Nacional considera procedente la petición de los recurrentes de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a bolsa y que, según la Audiencia, la autorizaron «pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)».

El escrito valora la testifical y los correos electrónicos intercambiados por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus con sus superiores, y califica de «razonable y razonada» la pretensión de la CIC al estimar que existen indicios «múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” en los responsables del Banco de España y la CNMV.

Según la testifical de Casaus, la conclusión de los inspectores sobre la inviabilidad de la salida a bolsa de BFA-Bankia en la modalidad de doble banco «había sido reiterada y puntualmente transmitida a la dirección del banco hasta en cuatro ocasiones, mediante otros tantos correos electrónicos, en abril y mayo de de 2011, con documentos que corroboran su versión según constata la Sala.

Tras reproducir el contenido de los cuatro correos, la Audiencia Nacional concluye que no hay lugar a dudas sobre “la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo tempestivamente acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados efectuada por el equipo de inspección del mismo Banco de España”.

La Sala entiende que se trata de “nuevas pruebas” posteriores a la denegación del juez Andreu de llamar como imputados a los responsables de Bankia y CNMV porque el juez instructor recibió los correos el 11 de octubre del pasado año y no pudieron ser ponderados en su resolución del 1 de julio, cuando denegó por primera vez la solicitud del CIC, sin embargo, el último rechazo de Andreu a la citación de estas personas se produjo el 28 de noviembre, quien alegaba que las decisiones de gestión de Bankiaeran “exclusiva responsabilidad” de sus órganos de administración y dirección.

Aunque la Audiencia Nacional admite ahora la petición del CIC, aún no considera que sea el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a un determinado delito, en este caso, probablemente estafa de inversores del artículo 182 bis del Código Penal, y prefiere esperar a que concluya la investigación.

La Audiencia Nacional también ha rechazado la petición de la acusación popular de que exigir al Banco de España la entrega de todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde su dirección corporativa entre José Antonio Casaus y Pedro Comín, alegando que se trata de una diligencia “manifiestamente excesiva”. (Postdigital/Agencias)