Chantaje del Gobierno para forzar la aprobación de sus Presupuestos: Impone un recorte del 50% en el gasto público hasta que otros partidos los acepten

A la chita callando, así ha colado el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre la aprobación de un “ajuste del 50%” del gasto público “desde el 1 de enero y hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018”, unos presupuestos que no consigue sacar adelante por no tener aún el apoyo de suficiente de otros partidos, especialmente el PSOE.

Se trata de un brutal recorte a la mitad de todas las inversiones de los “los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social así como del resto de entidades con presupuesto limitativo”, según consta en el texto del acuerdo y que adelanta este viernes la cadena SER.

Este tijeretazo, a medias entre una medida de presión a los partidos para que firmen sus presupuestos y una nueva manera de buscar acatar los mandatos de Bruselas sobre el objetivo de déficit, se llevó a cabo en la oscuridad, al no ser publicitado en la referencia del Consejo de Ministros de esa reunión pero en la que sí se informaba de la prórroga de la vigencia de los Presupuestos Generales de 2017 mientras no se aprobaran los nuevos de 2018.

Con esta medida, los organismos antes citados “no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8 de los correspondientes presupuestos, lo que implica que se verán muy afectadas partidas relacionadas con las becas de Educación, las ayudas a la dependencia o las políticas de género, entre otras.

Queda fuera de esta limitación, sin embargo, la revalorización de las pensiones, que será de cualquier modo de un irrisorio 0,25% este año.

Una vez llegado al gasto del 50%, los organismos tendrán que pedir permiso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que tendrá el poder de decidir si se trata de un gasto urgente extra de extrema necesidad para dar su autorización. Además, el interventor de cada ministerio está obligado a informar y documentar ante Hacienda todos los gastos o inversiones a los que destine el dinero.

Desde el PSOE han solicitado la comparecencia de Montoro ante el Congreso de los Diputados para dar una explicación a este acuerdo del Ejecutivo, aprobado con opacidad y oscuridad, que ya han valorado como una medida para elevar la presión sobre los partidos de la oposición: “Un chantaje del Gobierno en un momento en el que tiene que buscar apoyos para aprobar unos nuevos PGE”, en palabras del portavoz socialista de Presupuestos, Javier Lasarte.

Según la cadena SER, el acuerdo también ha generado malestar entre algunos ministros, que ya habían comprometido gastos que sobrepasan el nuevo límite marcado permitido por Cristóbal Montoro.