El Gobierno aprueba el histórico ingreso mínimo vital para eliminar la pobreza en España

El Gobierno ha aprobado este viernes, 29 de mayo, en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital. Esta medida pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales). De todos ellos, 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 460 y los 1.000 euros, dependiendo de la composición del hogar.


Así lo ha avanzado sobre las 12h de este viernes el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, a través de Twitter.

Según han adelantado fuentes del Gobierno, se estima que esta prestación llegue a 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores. Además, el Ejecutivo calcula que el 16% de los 850.000 hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. Y de ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer.


¿Quién la puede recibir?
Según un borrador del Proyecto de Real Decreto-Ley por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, para acceder a la prestación se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad. También se tendrá que llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular.

Aunque se contemplan excepciones para: los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos o para las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.

Asimismo, según este borrador, en caso de que el solicitante de la prestación esté emancipado, su edad mínima deberá ser de 21 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. El límite de edad para percibirla serán los 65 años.

También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos. Y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.


Incentivo al empleo
Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un “incentivo” al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.

Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

El ingreso mínimo vital será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. Podría complementarse, además, con otras prestaciones de las comunidades autónomas.

Además de analizar las rentas, el ingreso mínimo vital también hará un “test de riqueza”. Esto significa que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual.

Según indicó la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua, en un debate organizado por Oxfam Intermón este lunes, el objetivo que se plantea el Gobierno con la aprobación del ingreso mínimo vital es “reducir la pobreza severa en torno a un 80%” en España.

Gestión por las CCAA

En cuanto a la negociación con las Comunidades Autónomas, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV por el cual el País Vasco y Navarra asumirán los trámites de esta prestación. A raíz de conocerse este pacto, otras comunidades han pedido que también se les transfiera la gestión del ingreso mínimo vital. Asó lo han solicitado Cataluña o Galicia y otras han pedido la “cogestión” del mismo, como la Generalitat Valenciana.

También está dispuesto a asumir la gestión del ingreso mínimo el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. Este ha asegurado que “no se entendería” que entre las comunidades autónomas hubiera diferencias. Una idea en la que también ha insistido el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. El castellano-leonés ha rechazado la decisión de ceder la gestión de esta prestación a País Vasco y Navarra. Argumenta que “ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas”.

Mientras, la consellera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha considerado “arriesgado” que Baleares gestione al 100% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).