España baja al puesto 32 en libertad de prensa debido a su oligopolio mediático en manos de unos pocos que actúa contra la prensa alternativa

Lo que penaliza a la posición española y la deja tres puntos más atrás en la lista es el contexto económico de los medios: la excesiva concentración del mercado, las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y la grave precarización de los profesionales.

Este año, según RSF, la esfera pública «no es tan responsable de las carencias de la libertad de prensa, sino que lo es más la esfera privada». Una excesiva concentración (especialmente audiovisual) hace muy difícil, según los reporteros, la aparición de nuevos medios alternativos, que deben luchar ferozmente contra las cabeceras más asentadas por suscriptores a su vez afectados por la situación económica.

En materia de seguridad de los periodistas, España (35º) está claramente mejor calificada que Francia (85º), Alemania (91º) o Reino Unido (49º). La desactivación del conflicto en Cataluña, que había colocado a España en posiciones de cabeza en agresiones a periodistas en la UE, entre 2017 y finales de 2019, y la práctica ausencia de ataques a la prensa en el marco de manifestaciones antivacunas o contra las medidas sanitarias, se han traducido en una significativa mejora del clima de seguridad de los periodistas en nuestro país.

En cuanto al marco legal, la puntuación de España la coloca en posiciones líderes de la UE (12º), sin tener en cuenta las reformas en curso antes mencionadas, pero aún no culminadas. Sin embargo, cae claramente por debajo de países como Alemania, Reino Unido o Francia en contexto económico para los medios y periodistas, teñido de naranja oscuro en el indicador, es decir, calificado de “problemático”. También está peor calificada en términos de contexto político respecto a estos tres países, por la mencionada polarización que afecta a los medios.

Por último, cabe destacar la proliferación en España, como en otros países de su entorno, de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor, como en el caso de ElDiario.es (Caso Master, Cristina Cifuentes), Infolibre (denunciado por el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o El Confidencial (demanda millonaria de Iberdrola). Del mismo modo, es reseñable que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o son ellos denunciados por éstos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece casi por sistema (caso de Albert Garcia, El País, absuelto, y caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio, tras denunciar agresiones de agentes). La Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa – difícil en democracias consolidadas- como “enredar” a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos.

Es destacable, además, en el análisis español, el gran clima de polarización mediática que afecta a unos medios de comunicación cada vez más próximos a medios de opinión. España es un claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su Clasificación, azuzadas por medios excesivamente “foxnewsizados” y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos.