

Al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno en marzo de 2012 y declarada nula por el Tribunal Constitucional recientemente, han continuado defraudando una vez regularizada su situación con Hacienda, según los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Blanqueo de capitales
Pero no solo se trata de fraude, sino también de blanqueo de capitales. Según Gestha, en estos años de investigaciones también se ha detectado que 705 personas que tienen indicios de haber blanqueado capitales se habían acogido igualmente a la amnistía fiscal, lo que representa nada menos que al 3,4% de los amnistiados y nuevamente les sitúa en el grupo de contribuyentes con riesgo alto de lavado de dinero.
Por ello, los técnicos exigen una revisión a fondo de todas las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía para determinar el número total de personas que han blanqueado capitales. Gestha intuye que estas cifras pueden ser solo «la punta del iceberg» de muchos más casos similares, de modo que ve imprescindible que se realice un control exhaustivo a la totalidad de estos contribuyentes.
El 97% de la evasión fiscal siguió oculta
Para demostrar la poca eficacia de la amnistía, los técnicos resaltan que la recaudación que se logró con ella, que fue de apenas 1.191 millones (la mitad de los 2.482 millones previstos por Montoro) y que afectó principalmente a los años 2008 a 2010, supone menos de un 3% de la evasión total del país en esos tres años. Es decir, el 97% de la evasión siguió manteniendo sus activos ocultos.
«El ejemplo más paradigmático de esta confianza en no ser detectados por el Fisco fue la familia Pujol, que dejó correr esta amnistía y las anteriores, y tuvo que presentar declaraciones complementarias cuando las autoridades de Andorra iban a enviar la información de varias cuentas opacas a la Audiencia Nacional», resaltan.
Más de 5.300 euros perdidos
Además, Gestha también destaca que la amnistía supuso un menoscabo para las arcas del Estado, ya que la AEAT podría haber recaudado entre 5.300 y 8.700 millones de euros si hubiera aplicado los tipos de gravamen, intereses y sanciones que corresponderían a esos 12.000 millones en patrimonio aflorado con la amnistía.
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