El número de expatriados españoles crece mientras disminuye alarmantemente su protección debido a las políticas del Partido Popular

La población española residente en el exterior es cada vez es mayor pero el dinero público que se destina a atenderles es cada vez menor desde que gobierna el Partido Popular, de manera que mientras que entre los años 2011 y 2017 la población española en el exterior se ha incrementado un 41,3% como consecuencia de las salidas del país a causa de la crisis, el presupuesto dedicado a atenderles se ha reducido en un 50,7%.

Además, a los recortes presupuestarios hay que sumar las medidas establecidas por el Gobierno del PP que reducen la protección de las personas de nacionalidad española en el exterior y sus derechos, como es la pérdida del derecho a las prestaciones sanitarias para las personas que pasan en el extranjero más de tres meses.

Así lo ha denunciado el sindicato UGT, que señala que la población española residente en el exterior ha pasado de 1.702.778 personas en 2011 a 2.406.611 en 2017, con lo que la emigración española al exterior se ha  incrementado un 41,3%. Es decir, en 2011 emigraron 55.472 españoles y en 2015 (último dato anual disponible), 96.645 personas.

Sin embargo, el presupuesto que destina a la emigración tanto el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha reducido.

En concreto, las prestaciones por razones de necesidad y otras ayudas para emigrantes gestionadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se han reducido en casi la mitad (pasando de 101.768.300 euros, en 2011, a 51.750.000, en 2017). Esta partida incluye las ayudas por ancianidad o discapacidad. Se reduce el dinero a pesar de que la población española residente en el exterior, mayor de 65 años, se ha incrementado, pasando de 404.582 personas en el 2011, a 518.676 en el 2017.

Del mismo modo, el presupuesto que dedica el Ministerio de Asuntos Exteriores a los emigrantes españoles ha bajado en un 43,9% (pasando de 4.112.490 euros a 2.304.720). Este dinero se destina a asuntos como la asistencia social, evacuaciones, hospitalizaciones y repatriaciones. Otro ejemplo, la asistencia a ciudadanía que afronta condenas por pena de muerte se ha reducido en un 70% (pasando de 100.000 euros en 2011 a 30.000 euros en 2017).

Aparte del recorte en los presupuestos, las personas españolas migrantes también sufren las medidas impuestas por el Partido Popular en materia de sanidad a través de la modificación en el año 2014 de la Ley General de Seguridad Social (artículo 53), que supone la pérdida del derecho a las prestaciones sanitarias por estancias, en el extranjero, superiores a tres meses. Esto afecta, muy especialmente, a quienes emigran en búsqueda de empleo a países de la Unión Europea (se reducen sus posibilidades de gozar en el país miembro de emigración de la misma protección sanitaria que los nacionales de ese país).

Además, el temor a dejar de tener la condición de asegurado y sus consecuencias, puede provocar la no inscripción en el Registro de Matrícula de la Oficina Consular y, por lo tanto, una mayor desprotección de los migrantes en todos los aspectos. Ésta puede ser una explicación a las diferencias en los datos de españoles inscritos en el Registro y que figuran, por tanto, en el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE) y los datos proporcionados por Eurostat en los dos principales estados miembros de la UE que reciben más emigración española.

Por otro lado, el Gobierno vuelve a incumplir su obligación de presentar un proyecto de ley que evite la penalización en las carreras de cotización de quienes han cumplido el servicio militar o la prestación social obligatoria. En este sentido, el Proyecto de Presupuestos Generales de 2017, mantiene la suspensión de la disposición 28 de la Ley General de Seguridad Social que establece esta obligación. Continuar con esta suspensión, perjudica a los hombres y mujeres que cumplieron con estas obligaciones impuestas por el Estado, pero muy especialmente a emigrantes de mayor edad que necesitarían esos periodos para acceder a una prestación tanto en España como en el país de emigración.

Desde el sindicato UGT demandan, también, que esta medida se extienda al servicio social obligatorio de las mujeres (pues actualmente solo se tiene en cuenta el servicio militar y la prestación social obligatoria en el tiempo de cotización a efectos de jubilación anticipada).