La población española residente en el exterior es cada vez es mayor pero el dinero público que se destina a atenderles es cada vez menor desde que gobierna el Partido Popular, de manera que mientras que entre los años 2011 y 2017 la población española en el exterior se ha incrementado un 41,3% como consecuencia de las salidas del país a causa de la crisis, el presupuesto dedicado a atenderles se ha reducido en un 50,7%.
Aparte del recorte en los presupuestos, las personas españolas migrantes también sufren las medidas impuestas por el Partido Popular en materia de sanidad a través de la modificación en el año 2014 de la Ley General de Seguridad Social (artículo 53), que supone la pérdida del derecho a las prestaciones sanitarias por estancias, en el extranjero, superiores a tres meses. Esto afecta, muy especialmente, a quienes emigran en búsqueda de empleo a países de la Unión Europea (se reducen sus posibilidades de gozar en el país miembro de emigración de la misma protección sanitaria que los nacionales de ese país).
Por otro lado, el Gobierno vuelve a incumplir su obligación de presentar un proyecto de ley que evite la penalización en las carreras de cotización de quienes han cumplido el servicio militar o la prestación social obligatoria. En este sentido, el Proyecto de Presupuestos Generales de 2017, mantiene la suspensión de la disposición 28 de la Ley General de Seguridad Social que establece esta obligación. Continuar con esta suspensión, perjudica a los hombres y mujeres que cumplieron con estas obligaciones impuestas por el Estado, pero muy especialmente a emigrantes de mayor edad que necesitarían esos periodos para acceder a una prestación tanto en España como en el país de emigración.
Desde el sindicato UGT demandan, también, que esta medida se extienda al servicio social obligatorio de las mujeres (pues actualmente solo se tiene en cuenta el servicio militar y la prestación social obligatoria en el tiempo de cotización a efectos de jubilación anticipada).
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