Expertos de la ONU, contra el fondo buitre Blackstone: «Está echando a inquilinos de sus casas»

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Expertos de Naciones Unidas se han dirigido a la multinacional estadounidense Blackstone, uno de los mayores fondos buitre, expresando su preocupación por la creciente especulación en el sector, «que está echando a inquilinos de sus casas» en diversos países.

En un comunicado, varios expertos, como la relatora de la ONU para el derecho a una vivienda digna, Leilani Farha, condenan el «indignante» negocio que ésta y otras multinacionales están desarrollando, basado en comprar casas a precios bajos y renovarlas para subir los alquileres.

«De la noche a la mañana firmas de capital privado como Blackstone se han convertido en los mayores caseros del mundo, comprando miles de viviendas en Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica», destaca el comunicado.


Con estos modelos de negocio de los que Blackstone es uno de los más destacados ejemplos, señalan los expertos, «los caseros son ahora corporaciones sin rostro que causan estragos».

En ocasiones, la compra de viviendas por parte de grandes corporaciones se ha traducido en subidas del 30 o el 50% de los alquileres, imposibilitando a muchos inquilinos el permanecer en ellos, según señalan los especialistas. Entre ellos figura Sutya Deva, presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos.


Blackstone: «Son acusaciones falsas»
En un comunicado, la firma Blackstone ha respondido que la relatora «retrata un tema de política económica (el acceso a la vivienda) y lo convierte en un problema de derechos humanos» en el que «utiliza» su nombre «únicamente para atraer la atención». «Hemos actuado siempre de una manera correcta y, por ello, nos estamos defendiendo frente a sus múltiples acusaciones falsas», añadió la firma.

Por otro lado, los expertos también han enviado cartas a los gobiernos de la República Checa, Dinamarca, Irlanda, España, Suecia y EEUU, en las que se les señala por haber facilitado este proceso de irrupción de las multinacionales en el sector inmobiliario. «Recordamos a los Estados sus obligaciones con los derechos humanos a la hora de regular la inversión en vivienda, para apoyar el derecho a una casa digna», señala el comunicado.
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