La Fiscalía del Supremo se opone a investigar a Pablo Casado por el caso del máster

Tal y como era de esperar, la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a que el presidente del PP, Pablo Casado, sea investigado en el caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, a donde se deriva por su condición de aforado.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que veía delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio imputables a Casado, remitió el caso al Tribunal Supremo, cuya Fiscalía ha emitido un informe en el que se opone a que la Sala de Admisión del Supremo admita a trámite la exposición razonada de la jueza.

En dicha exposición, la jueza afirma que Casado obtuvo su título “a modo de prebenda o dádiva”, es decir, un regalo, ya que el líder del PP consiguió finalizar su máster sin ir a clase y con convalidaciones sospechosas de la mayoría de las asignaturas. La jueza expone que en ese curso «solo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos» con Enrique Álvarez Conde, catedrático responsable del máster, por lo que, según los indicios, la jueza se muestra convencida de que Casado «pudo verse favorecido con este regalo académico por su relevancia política e institucional».

En su exposición razonada, la jueza también pide al Supremo que reclame a Casado «el ordenador portátil antiguo en el que se encontraban archivados los trabajos presentados para su calificación en el master, ordenador que según sus manifestaciones públicas del pasado día 10 de abril de 2018, aún conserva» para ponerlo a disposición de la policía judicial, son el objetivo de que «se informe de la antigüedad de los documentos informáticos archivados como tales trabajos y si han sufrido modificaciones a partir del 20 de marzo de 2018».

Aunque el informe de la Fiscalía no es vinculante para la decisión de la Sala de Admisión, que ha de decidir sobre la imputación de Casado, esta está formada por cinco jueces, cuatro de los cuales son conservadores y próximos a las ideas del PP, como el juez Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O.

Pablo Casado no podrá ser juzgado, de cualquier modo, por el delito de cohecho, ya que este prescribe a los cinco años y el máster corresponde al curso 2008-2009, por lo que ya habría pasado el plazo.

Pero según considera la jueza, sí podría ser juzgado por el delito de prevaricación administrativa, que aún no ha prescrito, y en el que Casado habría sido un cooperador necesario.

Por otro lado, en la mañana de este viernes, la Universidad Rey Juan Carlos ha comunicado que ha procedido a archivar la investigación que abrió relativa al título de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Pablo Casado “al no detectar irregularidades”.